La CNEA insiste, olvidó lo que piensa el pueblo riojano
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Debido a las manifestaciones públicas realizadas en la década anterior, por integrantes de asambleas en el departamento de Famatina, la Secretaría de Minería sostuvo, como principio, que ninguna actividad sería impulsada en territorio riojano sin el consentimiento de las comunidades involucradas.
Sin embargo, en setiembre se divulgó la noticia que La Rioja vuelve a buscar uranio con fondos nacionales en 2027. Lo que no se divulgó es si se consultó o se va a consultar a las comunidades involucradas.
Ante esta noticia es relevante recordar un antecedente fundamental, el llamado "Distrito Uranífero Los Colorados". La CNEA lo descubrió y exploró en la década de 1970. La empresa Uranco SA realizó la explotación entre 1992 y 1996, a cielo abierto, con el tratamiento del mineral en pilas y lixiviación con ácido sulfúrico.
Para producir 55 toneladas de uranio movilizó casi 1.000.000 toneladas de estériles, y 135.680 toneladas de mineral tratado, que quedaron abandonadas a su suerte. Actualmente el predio es un páramo.
Por si la CNEA piensa repetir, le advierto que en 1995 se sancionó la Ley 24585, que introdujo en el Código de Minería, actualización de normas de protección ambiental.
Por esta ley, antes de iniciar la exploración, quien sea la persona o institución que encare esa actividad, deberá presentar ante la autoridad de aplicación un Informe de Impacto Ambiental (IIA), que deberá contener el tipo de acciones a desarrollar y el eventual riesgo de impacto ambiental que las mismas pudieran acarrear. Asimismo, deberá contener una descripción de los métodos a emplear y las medidas de protección ambiental que resultaren necesarias.
Sin la previa aprobación del Informe no se podrá iniciar actividades. Los equipos, instalaciones, sistemas, acciones y actividades indicadas en el IIA aprobado, constituirán obligación del responsable y serán susceptibles de fiscalización de cumplimiento por parte de la autoridad de aplicación.
El IIA debe incluir la ubicación y descripción ambiental del área de influencia, la descripción del proyecto minero, las eventuales modificaciones sobre suelo, agua, atmósfera, flora y fauna, relieve y ámbito sociocultural, las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición del medio alterado, según correspondiere y los métodos utilizados.
También me permito recordarle a la CNEA que en 2014 vecinos de La Rioja impedían el paso de sus vehículos por la ruta 38, con el objeto de manifestar su intención de evitar que se pusiera en marcha la extracción de uranio en el denominado Cordón del Velazco, que rodea la ciudad capital de la provincia.
La situación generó una fuerte controversia dado que el movimiento popular en contra de la minería del uranio en la provincia era muy fuerte desde hacía años. No eran antimineros, eran antimineros del uranio.
Frente a la demanda energética, se levantan temores y resistencias por los riesgos ambientales y sobre la población que generan estos trabajos de minería.
En La Rioja, vecinos de la Asamblea Riojana Capital y Autoconvocados de Puerto Alegre al Cantadero se instalaron durante meses en la ruta 38, entrada al Duraznillo, para impedir el paso de los vehículos de la CNEA que intentaban llegar a la zona de El Cantadero, ubicada a alrededor de 20 kilómetros de la capital de la Provincia.
La actitud de los pobladores se fundaba en experiencias propias y ajenas. Pobladores de la Quebrada Alipán mantenían en noviembre de 2021 un corte en la Ruta Provincial N.º 3 para impedir las perforaciones para la mina de uranio. La CNEA tenía como objetivo finalizar las inspecciones del territorio para iniciar una campaña de perforaciones, pese a la prohibición de la Ordenanza Municipal N° 4930 que en 2012 declaró al departamento como "Zona No Nuclear".
Y en enero de 2022 Asambleas riojanas mantenían desde hacía casi dos meses un corte de ruta contra la megaminería de uranio en la localidad de El Cantadero. Cuestionan el accionar del gobierno provincial y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
