La justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en la causa por el cupón PBI

La jueza Loretta Preska, del distrito Sur de Nueva York, falló a favor de la Argentina en el causa por el cupón PBI de 2013.

La Argentina había apelado el fallo que la obligaba a pagar casi 1.500 millones de dólares a cuatro fondos de cobertura por manipulación de datos en 2013. 

Los demandantes fundaban su reclamo en la supuesta manipulación de datos del por entonces secretario de Comercio y responsable del INDEC, Guillermo Moreno, para evitar los pagos a bonistas por los llamados "Cupones PBI".

En principio, el Estado argentino evita el pago de unos USD 1.400 millones en esta primera instancia en los tribunales estadounidenses frente a la demanda que iniciaron de manera conjunta los fondos Aurelius Capital, Novoriver, ACP, 683 Capital, WASO y Romano, entre otros.

En marzo de 2014 el gobierno de Cristina Kirchner resolvió que el crecimiento de la actividad económica de Argentina había sido inferior a lo informado en un principio y con aquel nuevo dato el Tesoro quedó eximido de pagar el cupón.

El 27 de marzo de 2014 el entonces ministro de Economía Áxel Kicillof informó que en el 2013 la economía creció un 3%, por debajo del 3,22% necesario para que se gatille el pago del cupón de PBI. “Es un muy buen desempeño de la economía argentina en un contexto internacional adverso”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda, y explicó que dicha tasa fue “casi seis veces más” que la expansión económica experimentada por Alemania.

Pero el dato más relevante fue que de esta manera el gobierno argentino se evitó pagar más de USD 3.000 millones correspondientes al warrant atado al crecimiento del año anterior, en este caso 2013, lo que no evitó las demandas de tenedores en el exterior y que todavía están en proceso de resolución.

La manipulación de los datos del INDEC fue evidente durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, pero puntualmente los datos sobre crecimiento económico quedaron bajo la lupa dado el costo fiscal implícito en el pago del Cupón PBI, un incentivo ofrecido a los acreedores privados que aceptaron la histórica reestructuración de deuda soberana -en default desde diciembre de 2001- por más de USD 100.000 millones, concretada en febrero de 2005 por el gobierno de Néstor Kirchner, con Roberto Lavagna al frente del Ministerio de Economía.

La demanda en el exterior no solo se cursa en tribunales de los EEUU. El Estado argentino fue condenado en tribunales británicos debido a que la manipulación estadística durante la gestión de Cristina Kirchner afectó los intereses de los tenedores de estos y disminuyó su rentabilidad en el caso de los cupones atados al PBI.

Como consecuencia, el gobierno de Javier Milei apeló la decisión y para ello constituyó la semana pasada un fideicomiso de USD 337 millones como garantía para continuar el proceso judicial.