Pasan a disponibilidad a 20 policías tras la protesta en Santa Fe

La protesta de efectivos policiales en Santa Fe se intensificó este martes tras una noche marcada por manifestaciones frente a dependencias oficiales, cruces públicos y anuncios de sanciones por parte del Gobierno provincial. Mientras el Ministerio de Seguridad admitió la legitimidad del reclamo salarial y laboral, también confirmó medidas disciplinarias contra agentes involucrados y advirtió sobre posibles responsabilidades penales. Desde el sector de los autoconvocados, en tanto, denunciaron la interrupción del diálogo y episodios de represión contra familiares y personal retirado.

En una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que el Gobierno provincial comparte “las necesidades y los problemas del personal de la policía de Santa Fe” y remarcó que se trata de un reclamo “legítimo, atendible, casi en su totalidad”. Sin embargo, afirmó que a partir de la medianoche “se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar acciones violentas, antijurídicas”, con el objetivo de “desestabilizar el despliegue preventivo”.

Según el funcionario, durante la protesta se registraron situaciones de abandono de servicio y paralización de móviles policiales. “No menos de veinte unidades en la ciudad de Rosario fueron directamente paralizadas, puestas frente a la jefatura y luego abandonadas”, detalló. Agregó que los efectivos dejaron los patrulleros estacionados y se retiraron, lo que consideró un incumplimiento de los deberes funcionales.

Cococcioni indicó que estas conductas derivaron en la apertura de actuaciones administrativas y que el jefe de Policía inició los procedimientos correspondientes con el respaldo del Ministerio. “Tenemos cerca de no menos de veinte funcionarios policiales que están siendo pasados a disponibilidad, con retiro de arma y retiro de chaleco antibala”, afirmó. También señaló que se coordinaron acciones con el Ministerio Público de la Acusación para investigar “posibles ilícitos penales” tanto de policías como de “grupos marginales y desplazados” de la fuerza.

En su exposición, el ministro diferenció el reclamo salarial de los hechos registrados durante la protesta. “La protesta legítima y el reclamo legítimo por mejorar las condiciones de trabajo lo seguimos acompañando”, expresó, aunque advirtió que no se permitirá afectar la seguridad pública. “No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad de todos los habitantes de la provincia”, sostuvo.

El funcionario también aseguró que el patrullaje se mantuvo, aunque reconoció que la ausencia de móviles incrementó el riesgo. “Objetivamente, que no menos de veinte unidades de patrulla urbana abandonen su servicio eleva los niveles de riesgo”, indicó, y advirtió que los agentes involucrados podrían enfrentar responsabilidad penal si algún delito no se evitó por la falta de cobertura.

Por su parte, el vocero de los policías autoconvocados, Gabriel Sarla, brindó una versión distinta de los hechos. En diálogo con TN, afirmó que el reclamo comenzó de manera pacífica y que el conflicto se agravó tras el corte del diálogo con el Gobierno provincial. “Desde el miércoles de la semana pasada venimos haciendo un reclamo completamente legítimo”, sostuvo y agregó que, tras una reunión con el ministro de Seguridad, “no se tuvo más comunicación con el Gobierno”.

Sarla ubicó el punto de quiebre en un episodio ocurrido frente a la sede de Fiscalía, durante una vigilia en memoria de policías fallecidos. “Luego de prender las velas en memoria de los suicidios que hubo dentro de la policía, el jefe de Policía de la provincia comenzó a reprimir a la gente que estaba”, afirmó. Según indicó, en el lugar había familiares de efectivos y personal retirado.

Consultado por las denuncias oficiales sobre abandono de funciones, el vocero explicó que algunos policías dejaron sus puestos porque “le estaban pegando a sus familiares”. Ante la consulta sobre quiénes participaron de esos hechos, señaló que se trató de “otros grupos de policías de otras localidades que fueron llamados como grupos de combate”.

En relación con los salarios, Sarla rechazó versiones que indicaban que los sueldos de la policía santafesina superan a los de fuerzas federales. “Esa información es completamente errónea”, afirmó. Precisó que un agente recién ingresado cobra “entre 800 y 900 mil pesos de bolsillo” y que un efectivo con 14 o 15 años de antigüedad “no llega al millón trescientos o millón cuatrocientos pesos”.

El vocero también aseguró que, tras los incidentes y las declaraciones oficiales, no recibió llamados formales ni informales por parte de las autoridades provinciales. “Estamos completamente a la espera de que se comuniquen para poder mantener un diálogo”, expresó, y señaló que los autoconvocados continuaron reuniéndose para definir los pasos a seguir.

Desde el Gobierno provincial, Cococcioni reiteró su disposición al diálogo sobre salarios, jornadas laborales y condiciones de trabajo, aunque insistió en que no se negociarán medidas que afecten el despliegue de seguridad ni el patrullaje en las calles.