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Siguen creciendo intereses en el viejo reclamo salarial de los magistrados

Magistrados chubutenses lograron en 2008 un fallo favorable a su reclamo de equiparar sueldos con sus pares patagónicos. El aluvión de embargos puso en jaque las arcas provinciales hasta 2015. Por ley provincial se limitaron las demandas a un millón por mes. Con la Emergencia Económica se frenaron. La cuestión de fondo está sin resolver y es una bomba de tiempo para el Estado chubutense. 

Por REDACCIÓN CHUBUT

En el año 2008, los jueces y magistrados de Chubut iniciaron un juicio contra el Estado Provincial, reclamando que sus haberes se equiparen a la media patagónica, que estaba por encima de sus sueldos mensuales. En mayo de 2012, el Ejecutivo y la Asociación de Magistrados firmaron un acuerdo conciliatorio que luego no prosperó. Además llegó otro fallo reclamando el cumplimiento de lo establecido por la Justicia. Pasó el tiempo, acuerdos incumplidos, topes a los embargos, y finalmente la renovación permanente de la Ley de Emergencia Económica que puso un aparente freno a la situación. 
Como explicó ayer la presidenta de la Asociación de Magistrados, Sonia Donatti, «está frenada la situación general, pero la acreencia del magistrado funcionario está ahí». Es decir, que «sería como una acreencia de cualquiera que tiene que seguir su acumulación de intereses sobre capital debido», insistió. 
El capital de esos embargos es distinto en cada caso porque «algunos no cobraron nada, otros cobraron la mitad de ese capital, en otros un poco más, porque todo dependía de cómo llevaban los juicios y de cómo podían lograr en su momento -hablamos de años atrás- medidas cautelares e ir percibiendo», repasó Donatti. Pero a todo esto, «cuando aparecen otra vez los decretos y las leyes de emergencia, todo eso se detiene», aunque es una espada de Damócles sobre el Estado chubutense y sus cuentas. 

ACUERDO INCUMPLIDO Y DEMANDAS MILLONARIAS
En el año 2012, durante la gestión de Gobierno de Martín Buzzi y con Blas Meza Evans como fiscal de Estado, y Gabriela Dufour como ministra de Economía, el Ejecutivo comprometió el pago en un acuerdo con la Asociación de Magistrados. Sin embargo, el pago no se efectivizó y luego comenzaron a llover las demandas millonarias que en algún momento pusieron en riesgo el normal funcionamiento del Estado. 
Tuvo que activarse en 2013 una ley a través de la Legislatura poniendo tope a esas demandas (se estableció un máximo de un millón de pesos por mes), porque la afectación incluso a los ingresos por regalías, era cada vez mayor y no parecía tener fin. 
Pese a eso, los embargos continuaron generando una sangría de fondos al Estado. 

LEY DE EMERGENCIA
«Eso está todo suspendido por las leyes de emergencia», ratificó Donatti, quien además hizo hincpaié en que se debe tener en cuenta la situación económica y financiera de la Provincia. 
Habló de una suerte de «stand-by» porque «hay una Provincia que hoy no puede con los gastos ordinarios, que son el pago de haberes en tiempo y forma», entonces «todo lo que es ese reclamo, que está atomizado en acciones judiciales por cada uno de los integrantes del Poder Judicial interesados, está detenido por las cuestiones de emergencia».
Eso no quita a su vez, que «cada uno (de los magistrados evaluará) y habrá planteamientos de cada expediente, pero es una ejecución que seguiría cualquier derecho que tenga reconocido». 
Por otra, parte, la presidenta de la Asociación de Magistrados dijo que las demandas en cuanto a lo económico son muy disímiles, y que respecto a cómo están hoy con la media salarial patagónica, «no hemos hecho esas cuentas porque con todo lo que se ha atravesado desde julio hasta ahora, desde la asociación nos ha convocado otro montón de cuestiones». 

VIGENCIA DE LA LEY
La Ley de Emergencia Económica la viene renovando mes a mes el Ejecutivo Provincial, dado que no tuvo aprobación legislativa. Esto pone en discusión su vigencia. 
Por el momento viene siendo un escudo contra embargos millonarios de los magistrados, pero la cuestión de fondo sigue sin resolverse y los intereses crecen. Y si la Emergencia llegara a caer, no habrá límites para embargos y ejecuciones contra el Estado. 
En cada prórroga de la Ley de Emergencia, el gobernador Mariano Arcioni argumenta que «atento a la situación de peligro colectivo creada por las graves circunstancias de las finanzas que padece el Estado, la provincia del Chubut declara el estado de emergencia económica, financiera y administrativa», y lo hace por el plazo de un año, aunque su renovación termina siendo mensual por la no aprobación de los diputados.

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Siguen creciendo intereses en el viejo reclamo salarial de los magistrados

Magistrados chubutenses lograron en 2008 un fallo favorable a su reclamo de equiparar sueldos con sus pares patagónicos. El aluvión de embargos puso en jaque las arcas provinciales hasta 2015. Por ley provincial se limitaron las demandas a un millón por mes. Con la Emergencia Económica se frenaron. La cuestión de fondo está sin resolver y es una bomba de tiempo para el Estado chubutense. 

En el año 2008, los jueces y magistrados de Chubut iniciaron un juicio contra el Estado Provincial, reclamando que sus haberes se equiparen a la media patagónica, que estaba por encima de sus sueldos mensuales. En mayo de 2012, el Ejecutivo y la Asociación de Magistrados firmaron un acuerdo conciliatorio que luego no prosperó. Además llegó otro fallo reclamando el cumplimiento de lo establecido por la Justicia. Pasó el tiempo, acuerdos incumplidos, topes a los embargos, y finalmente la renovación permanente de la Ley de Emergencia Económica que puso un aparente freno a la situación. 
Como explicó ayer la presidenta de la Asociación de Magistrados, Sonia Donatti, «está frenada la situación general, pero la acreencia del magistrado funcionario está ahí». Es decir, que «sería como una acreencia de cualquiera que tiene que seguir su acumulación de intereses sobre capital debido», insistió. 
El capital de esos embargos es distinto en cada caso porque «algunos no cobraron nada, otros cobraron la mitad de ese capital, en otros un poco más, porque todo dependía de cómo llevaban los juicios y de cómo podían lograr en su momento -hablamos de años atrás- medidas cautelares e ir percibiendo», repasó Donatti. Pero a todo esto, «cuando aparecen otra vez los decretos y las leyes de emergencia, todo eso se detiene», aunque es una espada de Damócles sobre el Estado chubutense y sus cuentas. 

ACUERDO INCUMPLIDO Y DEMANDAS MILLONARIAS
En el año 2012, durante la gestión de Gobierno de Martín Buzzi y con Blas Meza Evans como fiscal de Estado, y Gabriela Dufour como ministra de Economía, el Ejecutivo comprometió el pago en un acuerdo con la Asociación de Magistrados. Sin embargo, el pago no se efectivizó y luego comenzaron a llover las demandas millonarias que en algún momento pusieron en riesgo el normal funcionamiento del Estado. 
Tuvo que activarse en 2013 una ley a través de la Legislatura poniendo tope a esas demandas (se estableció un máximo de un millón de pesos por mes), porque la afectación incluso a los ingresos por regalías, era cada vez mayor y no parecía tener fin. 
Pese a eso, los embargos continuaron generando una sangría de fondos al Estado. 

LEY DE EMERGENCIA
«Eso está todo suspendido por las leyes de emergencia», ratificó Donatti, quien además hizo hincpaié en que se debe tener en cuenta la situación económica y financiera de la Provincia. 
Habló de una suerte de «stand-by» porque «hay una Provincia que hoy no puede con los gastos ordinarios, que son el pago de haberes en tiempo y forma», entonces «todo lo que es ese reclamo, que está atomizado en acciones judiciales por cada uno de los integrantes del Poder Judicial interesados, está detenido por las cuestiones de emergencia».
Eso no quita a su vez, que «cada uno (de los magistrados evaluará) y habrá planteamientos de cada expediente, pero es una ejecución que seguiría cualquier derecho que tenga reconocido». 
Por otra, parte, la presidenta de la Asociación de Magistrados dijo que las demandas en cuanto a lo económico son muy disímiles, y que respecto a cómo están hoy con la media salarial patagónica, «no hemos hecho esas cuentas porque con todo lo que se ha atravesado desde julio hasta ahora, desde la asociación nos ha convocado otro montón de cuestiones». 

VIGENCIA DE LA LEY
La Ley de Emergencia Económica la viene renovando mes a mes el Ejecutivo Provincial, dado que no tuvo aprobación legislativa. Esto pone en discusión su vigencia. 
Por el momento viene siendo un escudo contra embargos millonarios de los magistrados, pero la cuestión de fondo sigue sin resolverse y los intereses crecen. Y si la Emergencia llegara a caer, no habrá límites para embargos y ejecuciones contra el Estado. 
En cada prórroga de la Ley de Emergencia, el gobernador Mariano Arcioni argumenta que «atento a la situación de peligro colectivo creada por las graves circunstancias de las finanzas que padece el Estado, la provincia del Chubut declara el estado de emergencia económica, financiera y administrativa», y lo hace por el plazo de un año, aunque su renovación termina siendo mensual por la no aprobación de los diputados.

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