Comienza el juicio por Embrujo, una de las causas por corrupción más emblemáticas del Chubut

La causa «Embrujo» se transformó en una de las investigaciones por corrupción más emblemática de la joven historia del Chubut. Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams llevaron adelante un proceso casi sin grietas sobre presuntos delitos que nunca habían sido tratados en los tribunales provinciales. 
Aquel 9 de marzo de 2018 marcó un hito sobre eventuales fraudes contra la administración pública, derivando en una ola de allanamientos y detenciones que abrieron la puerta a otra decenas de causas por corrupción.
Un año y medio después, está todo dado para que el juicio oral y público contra el exsecretario privado del gobernador Mario Das Neves y titular por entonces de la Unidad Gobernador, Diego Correa, y otros once imputados inicie para determinar si efectivamente fueron responsables de defraudar al Estado a través de sus cercanías con el poder político.

¿QUE SUCEDERA EN 
LA AUDIENCIA DE HOY?
Lo primero que ocurrirá en la audiencia que comienza hoy y que tendrá doble turno será una serie de planteos de los abogados defensores, particularmente de Omar López que patrocina a Juan Carlos «Tato» Ramón, quien días atrás solicitó por escrito la suspensión del debate porque continuaría con el pedido de suspensión de juicio a prueba ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este requerimiento ya fue rechazado horas atrás, cuando el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento de la causa «Embrujo», Alejandro Soñis, desestimó el pedido.
Sin embargo, López volverá a la carga hoy y buscará el último intento para dilatar el inicio del juicio oral y público.
De mantenerse la postura de Soñis, el debate abrirá formalmente y los fiscales leerán la pieza acusatoria, aunque se limitarán solo a la parte de los hechos y la calificación jurídica de las imputaciones.
Posteriormente, será el turno de los testigos, aunque desde Fiscalía señalaron a EL CHUBUT que los testimonios «probablemente inicien el miércoles».

LOS PEDIDOS DE CONDENA 
PARA CADA UNO
Diego Miguel Correa: Miembro de la asociación ilícita agravado por la condición de jefe; defraudación en perjuicio de la Administración Pública; seis hechos consumados y 24 tentados, los que a su vez concursa con negocaciones incompatibles en trece hechos; enriquecimiento ilícito y autolavado de activos. Según la calificación legal escogida, la escala penal parte desde los cinco años, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo, la Fiscalía estimó que al momento de pedir la pena, la misma «no será inferior a los ocho años de prisión».

Diego Luthers: «Resultó ser un eslabón esencial en la estructura delictiva». Está acusado como miembro de la asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito. La pena parte de un piso de tres años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero los fiscales estiman que la «no será inferior a los seis años de prisión, más la inhabilitación perpetua».

Daniela Souza: Está sindicada como miembro de la asociación ilícita; en concurso real con defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, en concurso real con enriquecimiento ilícito. La pena parte de los tres años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas, y en consideración que no posee antecedentes penales, «la pretensión punitiva se estima en no menos de cinco años de prisión».

Natalia Mc Leod: También fue catalogada como miembro de la asociación ilícita; en concurso real enriquecimiento ilícito. La pretensión punitiva se estima que no será inferior a los cuatro años y seis meses de prisión.

Federico Gatica: Es acusado por lavado de activos agravado por habitualidad. Según los fiscales, es alcanzado por una escala penal que va desde los cuatro y seis meses, a los doce años y seis meses de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, «la pretensión punitiva se estima que partirá de cuatro años y seis meses de prisión, más multa que partirá de los 5 millones de pesos por el lavado concretado».

Juan Carlos «Tato» Ramón: Es imputado como miembro de la asociación ilícita; en concurso real con defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Es abarcado por una escala penal que parte de los tres años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, «la pretensión punitiva se estima no inferior a los cuatro años y seis meses de prisión».

Sandro Figueroa: Está acusado de ser miembro de la asociación ilícita; en concurso real con enriquecimiento ilícito, y lavado de dinero. La escala penal que parte de los tres años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, «la pretensión punitiva se estima en un reproche no menor de los cuatro años de prisión».

Jorge Aníbal Godoy: El delito que le enrostran es el de enriquecimiento ilícito. La escala penal va desde los dos años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, «la pretensión punitiva se estima partirá de los tres años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos».

Giuliana Mc Leod: Fiscalía le atribuye defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, cuatro hechos consumados, y 16 hechos tentados, los que a su vez concursa idealmente con Negociaciones incompatibles. De conformidad con la calificación escogida, el nombrado es alcanzado por una escala penal que va desde los dos años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, «la pretensión punitiva se estima que partirá del mínimo en los dos años de prisión».

Darío Domingo Correa: Lo acusa por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, los que a su vez concursa idealmente con Negociaciones incompatibles. Es alcanzado por una escala penal que va desde los dos años a seis años de prisión. La pretensión de pena partirá en los dos años y seis meses de prisión.

Rubén Darío «Bedo» Reinoso: Está imputado por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Es alcanzado por una escala penal que va desde los dos años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, «la pretensión punitiva partirá de un reproche en los dos años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargo públicos».

Christian Daniel Gisande: También es acusado por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, dos hechos consumados y ocho en grado de tentativa, en carácter de coautor, la que a su vez concursa materialmente con el delito de usurpación de autoridad. Es alcanzado por una escala penal que va desde los dos años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, «la pretensión punitiva partirá en los dos años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos».