Estimaban que el potero chino fugado sería trasladado al Golfo Nuevo

El Dr. Roberto Wyn Hughes, madrynense, radicado hace décadas en la ciudad de Buenos Aires, y ahora contratado por la empresa armadora del buque chino, dijo en declaraciones a la LU 17, que la armadora estaría dispuesta a pagar la multa administrativa por violar el Régimen Federal de Pesca, que tiene un máximo de 10 millones de pesos, pero que si se allana al proceso hasta tiene el beneficio de una quita del 25%.
Además, en cuanto a la materia prima que se detecte en bodega tendrá la opción de comprarla o que le sea incautada. Aunque hay una alta probabilidad de que el potero ilegal haya hecho trasbordo de su mercadería en aguas internacionales y cargado el calamar que pescó en aguas argentinas en otro buque, una práctica habitual en esta flota.
Según Hughes “el cambio de estrategia de la empresa armadora tiene como objetivo de fondo evitar que la Justicia Federal argentina lance una captura internacional.
El juez federal de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad de Rawson, Dr. Gustavo Lleral, determinó que el pesquero chino no tome amarras en ninguno de los muelles de Madryn, sino que permanezca en rada y sea allí abordado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, quienes tomarán declaración al capitán de la embarcación, y por otro lado se labran las actuaciones por la violación del Régimen Federal de Pesca, Ley 24.922.
La acción penal es por “resistencia a la autoridad” y no está dirigida hacia la empresa china, sino que como todo proceso penal, es personal, y en este caso es contra el capitán del barco, mientras que la multa económica sí recae sobre la compañía, pero en base a la legislación argentina vigente no superaría los 10 millones de pesos, una cifra irrisoria al tipo de cambio actual.
Hughes contó que la empresa armadora se contactó con el estudio jurídico con sede en CABA tras el incidente del 28 de abril. “En un primer momento tuvimos la versión de que el buque había sido capturado, después la Prefectura aclaró que solo se trató de una persecución, y la empresa nos aduce que en virtud de una tormenta se alejaron hacia aguas internacionales. Pero una vez que se contactan con nuestro estudio, les advertimos que se iniciaba una causa por resistencia a la autoridad que se abre cuando hay una fuga y, por otro lado, se hace un sumario por la multa que le pudiera corresponder”, indicó el letrado.
“En el fuero federal, es una causa personal contra el capitán que desobedeció las órdenes de Prefectura. Nuestra recomendación es que se pongan a derecho y así evitar una captura internacional de Interpol”, describió.
Roberto Hughes sostuvo que después de unos días, la empresa les comunicó que se pondrían a disposición de la justicia argentina. “Están ahora yendo a la rada de Puerto Madryn. Y en el marco de la pandemia de Covid-19, el juzgado de Rawson, con buen criterio, ordenó que no ingrese a muelle, sino que sea abordado en rada para hacer todas las actuaciones”.
Estiman que en un plazo no mayor a 72 horas, el pesquero infractor ya podría retornar a aguas internacionales, y sería escoltado por un guardacostas de la PNA en su tránsito hasta que salga de las 200 millas.
Consultado sobre la composición de la empresa china, Hughes confirmó que este tipo de compañías tienen participación estatal. “Cuando nos dan el poder, el que lo hace es la firma propietaria, que en este caso es una empresa por buque, no es una empresa que tiene varios buques por más que hay varios con denominación similar, pero sé que el régimen chino implica que hay una participación estatal en estas empresas”, afirmó. “En ese aspecto son muy reservados para dar detalles”, admitió.
El patrocinante de la propietaria del Lu Rong Yuan Yu 668 explicó además que “en base a la inspección y los informes que haga la Prefectura, revisan las bodegas, detallan las posiciones en que pescó el barco, y eso va a Pesca Nación que labra un sumario. Allí se le da la oportunidad a la infractora de defenderse, si es que quiere hacerlo, si no puede allanarse y así la multa máxima se reduce a un 75%. La multa máxima es de 10 millones de pesos, y si quieren pagarla sin discutir, son 7,5 millones de pesos. Más lo que se determine del valor de la captura que encuentren a bordo, se fija un monto, y allí la empresa puede optar por comprar esa mercadería o desembarcarla”, detalló sobre el procedimiento habitual para estos casos.