Una fiscal pidió 5 años de prisión para Goodman y otros tres dirigentes gremiales

La fiscal general Florencia Gómez pidió 5 años de prisión para el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech), Santiago Goodman, y otros dirigentes gremiales, por los destrozos ocurridos en la Legislatura y Casa de Gobierno entre el 17 el 18 de septiembre del año pasado, cuando los estatales realizaban una enérgica manifestación por el pago de sus haberes en tiempo y forma, entre otros pedidos.
La fiscal solicitó 5 años de cárcel por Delito de Incendio, que bajo el Código Penal, prevé penas de 3 hasta 10 años. Además, se enmarca una segunda acusación por Daños Agravados, con penas de 3 meses hasta 4 años.
La fiscal fundamentó su postura en «la educación y posición socio cultural» de los imputados, que «comprendieron acabadamente los alcances legales y dañinos de la conducta que se les atribuye, ya que supieron en todo momento la ilegalidad de su accionar». Y «a pesar de ello no cesaron en su cometido», además de las dimensiones del «daño causado». A favor tuvo en cuenta que no poseen antecedentes condenatorios.
La fiscal Florencia Gómez intentará probar el delito de Incendio, y en caso de no poder lograrlo pedirá que se les impute el delito de Daño Agravado, circunstancia que de producirse la llevará a pedir una pena de tres años para cada uno de los imputados.

CUBIERTAS, PALLETS Y DOCUMENTACION
La investigación da cuenta de las pintadas previas y daños en el sector público aledaño a la Honorable Legislatura, para posteriormente trasponer las vallas de seguridad, dañar a pedradas y objetos contundentes el ingreso vidriado de la Legislatura, para posteriormente iniciar el incendio en esa zona utilizando pallets de madera y neumático que habían sido transportados en una Renault Kangoo de propiedad del gremio de la Atech liderado por Goodman.
Se señala al secretario general de ese gremio como el organizador y que da directivas a los presentes en el lugar además de realizar varios viajes en ese vehículo para trasladar mayor volumen de los elementos utilizados para la combustión.
En este sentido se sindica a Castro y Ancaleo como las personas -entre otras no identificadas- que bajan los elementos para darle mayor dimensión a los focos ígneos en el hall de acceso a la Legislatura que además afectaron seriamente a la misma Sala de Sesiones de los diputados.
También participan de estas acciones, según la fiscal, de avivar el fuego Goodman y Schierloh.
Posteriormente y ya en los primeros minutos del día siguiente, alrededor de un centenar de manifestantes se dirigen a uno de los accesos en Casa de Gobierno donde además de romper las vallas producen un incendio similar que afecta una puerta doble de madera, dañando el interior, afectando también la provisión de servicios.
Allí «los intervinientes provocan mayores daños y la sustracción de bienes públicos, como computadoras, utilizando para avivar el fuego documentación sacada del interior de las oficinas». Además dañaron a pedradas 13 ventanas del edificio sobre la calle Belgrano y 16 sobre la calle Vacchina.
En ambos incendios además se afectó la salud del personal policial y empleados de la Legislatura por la inhalación de monóxido de carbono en la intención de sofocar las llamas.
Además se menciona a un oficial de policía afectado en el rostro por un objeto contundente arrojado por los manifestantes.
Se prevé que por el tipo de delito investigado, el juicio oral y público esté a cargo de un tribunal unipersonal, sin que además no exista fecha para la realización de la audiencia preliminar.