Ya tiene fecha la audiencia judicial por irregularidades en la Terminal de Omnibus

Los hechos que investiga la justicia se encuadran provisoriamente en los delitos de peculado, malversación de caudales públicos, falsedad ideológica de instrumento público, agravado por la calidad de funcionaria pública de la imputada, la exgerenta de la Terminal. 
Cabe recordar que fue el propio intendente Ongarato quien presentó la denuncia al conocerse las irregularidades, impulsando la investigación de la Fiscalía de Esquel.

TRES HECHOS

La fiscal María Bottini presentó el pedido de formalización de la investigación penal preparatoria por tres hechos endilgados a quien se desempeñaba como Gerenta de la terminal de ómnibus de Esquel entre 2016 y 2019.
El primero de los hechos habría ocurrido en el período comprendido entre el 2 de enero del 2016 y el 31 de diciembre de 2019, en circunstancias en que la imputada, fue contratada por la Municipalidad de Esquel, a través de un contrato de Locación de Servicios, para desempeñar la función de Gerenta de la Terminal de ómnibus y habría procedido, en tal calidad, «a sustraer caudales públicos cuya administración le fue confiada en razón de su cargo, de la siguiente forma: Procedió a percibir de parte de los inquilinos de los 18 locales comerciales, en concepto de alquiler, expensas, descarga y desinfección de baños químicos, toques de plataforma y estacionamiento por un total de $ 1.956.055, monto que no fue ingresado en la cuenta habilitada por el Municipio en el Banco del Chubut ni tampoco utilizado para otros fines dentro del área que administrara la imputada».
Añade la imputación fiscal que la gerenta de la Terminal procedió luego en su calidad de Secretaria de Gobierno municipal, cargo que ocupó a partir de fecha 11 de diciembre de 2019, a hacer entrega de recibos de pago en concepto de expensas y alquileres en la Terminal «por montos que no ingresó, tal su obligación, a la cuenta corriente Municipal».
El segundo de los hechos se sitúa entre el 2 de enero del 2016 y el 31 de diciembre de 2019, cuando la imputada habría procedido en su calidad de gerenta a afectar la suma de $ 99.000, pago hecho por una empresa, a la cancelación de deuda de varias empresas, otorgándole así un destino diferente al que debiera estar afectado.