Mario Abel Amaya. Defender la libertad de los otros

Mario Abel Amaya nació en Dolavon en 1935 y desarrolló buena parte de su actividad profesional y política en Trelew. Abogado, docente y militante de la Unión Cívica Radical, fue defensor de trabajadores y presos políticos durante los años de creciente conflictividad social y represión estatal que atravesó la Argentina en las décadas de 1960 y 1970.

Su intervención en los acontecimientos vinculados con la Masacre de Trelew de 1972 y su posterior elección como diputado nacional por Chubut, en 1973, lo convirtieron en una figura relevante de la política provincial.

El 17 de agosto de 1976 fue secuestrado por las fuerzas represivas de la dictadura. Después de padecer torturas, golpizas y privaciones durante su cautiverio, murió el 19 de octubre de ese año, a los 41 años, en el hospital penitenciario de Villa Devoto.

Su muerte constituye uno de los episodios más dolorosos de la historia política de Chubut. Pero reducir su recuerdo a las circunstancias de su asesinato significaría dejar en segundo plano aquello que hizo singular su trayectoria: su manera de comprender y ejercer la política.

Hay dos nombres que permiten comprender buena parte del pensamiento y de la práctica política de Amaya: Agustín Tosco y Raúl Alfonsín.

El primero fue uno de los dirigentes más representativos del sindicalismo combativo argentino, protagonista del Cordobazo de 1969. El segundo, referente del Movimiento de Renovación y Cambio de la Unión Cívica Radical, llegaría a la presidencia de la Nación en 1983, encabezando la recuperación democrática.

Amaya fue abogado de Tosco y compañero de militancia de Alfonsín. Esa relación con dos figuras provenientes de tradiciones políticas diferentes constituye el eje de “Mario Abel Amaya. Entre Tosco y Alfonsín”, la biografía escrita por el periodista Jaime Rosemberg y publicada por Eudeba en 2020.

A partir de documentos, archivos y testimonios de quienes lo conocieron, Rosemberg reconstruye una trayectoria que permite observar una forma de participación política en la que las convicciones partidarias no impedían establecer vínculos con personas de otras corrientes ideológicas.

No se trataba de desconocer las diferencias, que eran profundas, sino de reconocer que podían existir principios compartidos por encima de ellas.

Esta característica de Amaya adquiere especial significado en una actualidad atravesada por la polarización, la descalificación del adversario y la dificultad para construir consensos. Su historia nos recuerda que dialogar no significa renunciar a las propias ideas y que reconocer los derechos del otro no exige compartir sus convicciones.

Uno de los aspectos más interesantes de la trayectoria de Amaya es que su militancia no se limitaba a la actividad partidaria. Su profesión de abogado fue también una herramienta de intervención social. Defender trabajadores, asistir a presos políticos y denunciar procedimientos represivos constituían formas concretas de ejercer sus convicciones.

Esta dimensión de su vida permite establecer un vínculo con las nuevas generaciones, cuyas modalidades de participación política son diferentes de aquellas que caracterizaron a los años setenta.

Hoy la militancia se expresa en organizaciones ambientales, movimientos feministas, centros de estudiantes, agrupaciones barriales, iniciativas culturales y redes sociales, además de los partidos políticos tradicionales.

Las herramientas han cambiado y también las formas de construir identidades colectivas. Las nuevas tecnologías permiten que una causa adquiera visibilidad en pocas horas y que miles de personas participen de una discusión pública sin compartir un mismo espacio físico.

Pero esa transformación plantea una pregunta que la trayectoria de Amaya ayuda a formular: ¿alcanza con expresar una posición política o es necesario acompañarla con acciones concretas?

Su ejemplo invita a pensar la militancia como una responsabilidad que requiere tiempo, conocimientos, participación y compromiso con los problemas de la comunidad.

El aspecto más vigente de la vida política de Amaya es su concepción de las libertades individuales y las garantías constitucionales. Como abogado, defendió a personas cuyas posiciones políticas no necesariamente compartía. Entendía que el derecho a la defensa no podía depender de la ideología de quien lo necesitara.

Este principio, aparentemente elemental en una sociedad democrática, adquiere especial importancia cuando las diferencias políticas se transforman en antagonismos personales.

En el debate público contemporáneo es frecuente observar cómo el adversario deja de ser considerado alguien con ideas diferentes para convertirse en una figura a la que se busca descalificar o excluir.

Las redes sociales han ampliado extraordinariamente las posibilidades de expresión, pero también pueden favorecer la circulación de discursos intolerantes, la simplificación de problemas complejos y la conformación de espacios donde solamente se escuchan opiniones semejantes.

La experiencia de Amaya ofrece una clave que no ha perdido actualidad: la verdadera prueba de una convicción democrática no consiste en defender la libertad de quienes piensan como nosotros, sino en reconocerla también en quienes sostienen ideas opuestas.

Esto no significa que todas las posiciones políticas sean equivalentes ni que deban aceptarse aquellas que promueven la violencia o la supresión de derechos. Significa que la confrontación de ideas debe desarrollarse dentro de límites que ninguna mayoría circunstancial debería poder vulnerar.

La trayectoria de Amaya también permite recuperar una dimensión de la actividad política que parece debilitada en ciertos aspectos de la vida pública contemporánea: la construcción colectiva.

Durante buena parte del siglo XX, los partidos, los sindicatos, los centros estudiantiles y las organizaciones sociales fueron espacios de formación, discusión y participación. Allí se construían pertenencias, se confrontaban posiciones y se desarrollaban proyectos que trascendían las aspiraciones individuales. Aunque tampoco corresponde idealizar una época marcada por profundas confrontaciones y episodios de violencia política.

Sin embargo, la experiencia de Amaya muestra que la militancia podía articular el trabajo profesional, la participación partidaria y el compromiso con sectores sociales diversos.

En la actualidad, cuando buena parte de la discusión política gira alrededor de figuras individuales, liderazgos personalistas y mensajes de impacto inmediato, recuperar la importancia de las organizaciones y de los proyectos colectivos constituye un desafío.

Para los jóvenes, esta reflexión puede resultar especialmente significativa. Participar políticamente no exige necesariamente incorporarse a un partido tradicional, pero sí supone reconocer que las transformaciones sociales difícilmente puedan sostenerse sin vínculos, acuerdos y esfuerzos compartidos.

Hay otra dimensión de la vida de Amaya que merece ser destacada: su arraigo territorial.

Aunque llegó al Congreso Nacional y mantuvo relaciones con importantes dirigentes argentinos, buena parte de su actividad estuvo vinculada con Trelew y con los conflictos sociales y políticos de Chubut.

Su trayectoria demuestra que la política nacional también se construye desde las ciudades del interior, desde las organizaciones locales y desde las personas que intervienen en los problemas de sus propias comunidades.

Para las nuevas generaciones de nuestra región, esta experiencia puede constituir una invitación a mirar la realidad cercana como un espacio de participación y transformación.

Las dificultades de acceso a la vivienda, la educación, el trabajo, las desigualdades sociales, la situación ambiental y el funcionamiento de las instituciones son cuestiones que requieren algo más que opiniones expresadas a distancia.

En ese sentido, el legado de Amaya no está solamente en sus ideas, sino también en la decisión de involucrarse personalmente en los conflictos de su tiempo.

En “Mario Abel Amaya. Entre Tosco y Alfonsín”, Jaime Rosemberg recupera una vida que permite acercarse a las complejidades de la política argentina de los años setenta sin reducirla a las circunstancias de su desenlace trágico.

La biografía resulta especialmente valiosa porque devuelve al protagonista su dimensión humana, profesional y política. Nos permite conocer a un hombre de convicciones, situado en un contexto histórico de enormes tensiones, cuya actuación no estuvo exenta de riesgos.

A cincuenta años de su muerte, no se trata de proponer a Amaya como un modelo que deba ser reproducido sin cuestionamientos, ni de establecer equivalencias entre la Argentina de la dictadura y las condiciones democráticas actuales. Se trata de recuperar de aquella experiencia algunas preguntas esenciales.

¿Qué lugar ocupa la ética en la militancia? ¿Cómo se construyen acuerdos entre quienes sostienen proyectos diferentes? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a defender los derechos de nuestros adversarios? ¿Qué responsabilidad tenemos frente a los problemas de nuestra comunidad?

Las respuestas no serán necesariamente las mismas que podían formularse hace cincuenta años. Y es deseable que así sea, porque las sociedades cambian y cada generación debe encontrar sus propias formas de participación.

Mario Abel Amaya entendió que la política podía ser una herramienta para ampliar derechos y que la democracia exigía reconocer la dignidad de las personas más allá de sus pertenencias ideológicas y su asesinato nos recuerda hasta dónde puede llegar un Estado cuando abandona esos principios. Su vida, en cambio, nos invita a pensar cómo sostenerlos y fortalecerlos.

Quizás el mejor homenaje que podemos rendirle, medio siglo después, no sea solamente recordar las injusticias que padeció, sino recuperar las convicciones que orientaron su vida para preguntarnos qué estamos haciendo hoy con la democracia que él no pudo volver a vivir.