Santa Cruz presentó amparo contra aumento excesivo en tarifas de gas

El gobierno de Santa Cruz realizó una acción legal para cuestionar los incrementos tarifarios del gas que alcanzan hasta un 500%, argumentando discriminación hacia la región patagónica. El fiscal de Estado, Ramiro Castillo, presentó un amparo colectivo contra el Estado Nacional y Energas, impugnando la legalidad y legitimidad de los aumentos desmedidos en las tarifas de gas.

Esta medida, que impacta a miles de usuarios residenciales, golpea fuertemente la economía regional, especialmente debido a las condiciones climáticas extremas que demandan un mayor consumo de gas para la calefacción.

El amparo, respaldado por cuatro usuarios representados legalmente por el abogado Juan Lucio de la Vega de Caleta Olivia, busca declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución N° 41/2024 de la Secretaría de Energía de la Nación y la Resolución 122/2024 del Ente Nacional Regulador del Gas, las cuales han generado incrementos tarifarios de hasta un 500% en algunas facturas.

Uno de los principales argumentos es la eliminación del precio diferenciado por zona, que anteriormente beneficiaba a la provincia de Santa Cruz con tarifas menores en comparación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, esta modificación ha llevado los precios a niveles casi idénticos, lo que representa un aumento desproporcionado y discriminatorio para la región patagónica, que además de ser productora de hidrocarburos, enfrenta condiciones climáticas extremas durante el invierno.

Asimismo, se destaca que cualquier ajuste tarifario debe considerar la gradualidad y la razonabilidad para proteger los intereses económicos de los usuarios. Sin embargo, el aumento del 500% carece de esta prudencia y rigor, lo que afecta negativamente la posibilidad de acceso al servicio de gas para miles de familias en la provincia.

Ante esta situación, la Fiscalía de Estado resalta la falta de consideración del Estado Nacional hacia la situación de los usuarios patagónicos, quienes se ven afectados sin justificación alguna, especialmente en un contexto de reducción de ingresos familiares debido a la recesión y la inflación.