Condenados por incendiar edificios públicos en marcha antiminera seguirán con arresto domiciliario
A pesar de la oposición de la fiscal general Florencia Gómez, la jueza de garantías Karina Breckle resolvió que las dos personas condenadas a prisión por incendio de edificios públicos durante los disturbios en marcha contra la minería en diciembre del año 2021 sigan detenidos bajo la modalidad del arresto domiciliario con tobillera electrónica y tres rondines diarios de carácter sorpresivos por parte de la Policía.
por REDACCIÓN CHUBUT 28/01/2026 - 21.18.hs
Se trata de Damián Díaz que fue hallado culpable y condenado a un año de prisión de cumplimiento efectivo por daño agravado. El otro imputado es Mauricio Nahum Vargas condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de incendio y hurto.
La decisión de la magistrada, que ya había intervenido en esta causa en otra etapa del proceso, fue el corolario de una nueva audiencia con el mismo objetivo, solicitada por los abogados defensores Oscar Romero y Abdo Manllauix. Presente en la audiencia estaban los familiares de ambos condenados que garantizarán y darán la debida contención a ambos, bajo condiciones que también ellos deberán cumplir para evita el riesgo de fuga.
Si bien la jueza Breckle reconoció que en dos instancias se confirmó la responsabilidad de ambos en parte de los incidentes (el juez del juicio oral y público y luego la Cámara de Apelaciones de Trelew), destacó que la condena aún no está firme porque restan instancias penales superiores. En este aspecto se encargó también de aclarar que se desvanece la posibilidad de que sean declarados inocentes.
La fiscal general Gómez destacó que, en las últimas semanas ante pedidos similares de los defensores, cuatro jueces convalidaron el cumplimiento de las respectivas condenas en un centro de detención. Se refirió a los argumentos vertidos por los jueces Laura Martini de Rawson, Fernanda Révori de Esquel, Martín OïConnor de Comodoro Rivadavia y Silvana Vélez de Lago Puelo.
La fiscal también se explayó en el concepto de «igualdad ante la Ley» refiriéndose a las personas detenidas en centros carcelarios que también son padres de familia con las consecuencias lógicas para ellos y sus hijos. Indicó además que en los centros donde ambos condenados están detenidos, se cumplen con todas las condiciones referidas a las visitas y los contactos entre hijos y padres detenidos.
Consideró que ya las condenas para ambos fueron ratificadas en dos instancias y que cinco jueces coincidieron en que fueron los autores de los ilícitos que se les imputaron, por lo que se incrementan los riesgos de fuga. Al referirse a la gravedad de los hechos -aspecto en los que coincidió la jueza Breckle- indicó que Vargas y Diaz se valieron de la conmoción social existente en esos días con el objetivo de cometer los ilícitos por los cuales fueron condenados.
Para hoy está previsto que dos jueces revisen la decisión que ayer, tomó la jueza Breckle. El pedido para esta nueva audiencia, lo hizo ayer al mediodía la fiscal general Gómez, disconforme con el arresto domiciliario para Vargas y Diaz.
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