Fiscalía investiga la emisión de un certificado de servicios falso en Esquel
La Fiscalía formalizó la investigación en una audiencia pública. La imputada, una funcionaria municipal de Trevelin, dejó sin efecto el documento dos semanas después, tras una inspección motivada por el reclamo de los vecinos. La defensa adelantó que probará que no hubo intención de cometer un delito.
por REDACCIÓN CHUBUT 01/07/2026 - 17.24.hs
En una audiencia oral y pública, la fiscal María Bottini, junto al funcionario Julián Forti, presentó el pedido de apertura formal de la investigación penal contra una funcionaria municipal y un ingeniero, en un caso que gira en torno a la presunta falsificación de documentos públicos para habilitar un loteo que no contaba con los servicios básicos exigibles.
Bottini detalló la hipótesis que persigue el Ministerio Público Fiscal, indicando que el 21 de agosto de 2025, quien se desempeña como Maestra Mayor de Obras en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Trevelin, otorgó un certificado oficial donde afirmaba que un lote específico del loteo "Los Ciervos 3" contaba con redes de electricidad y agua potable, en cumplimiento con las ordenanzas y leyes provinciales vigentes.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esos datos eran falsos y que la funcionaria firmó el documento sin haber realizado la constatación en el lugar que exige la normativa.
La queja vecinal y la marcha atrás
La maniobra quedó al descubierto apenas unos días después. Ante los reclamos de los propios vecinos de la zona, el 4 de septiembre de 2025 se realizó una inspección presencial en el loteo.
Al día siguiente, el 5 de septiembre, la propia imputada emitió un nuevo documento para dejar sin efecto el certificado original. En esa oportunidad, argumentó que la documentación que le había presentado previamente el ingeniero, también imputado —la cual aseguraba que la red de agua estaba en condiciones— "no se condecía con la realidad" de lo que realmente existía en el terreno.
Las calificaciones
Para la Fiscalía, los hechos configuran dos delitos distintos según el Código Penal:
- Falsedad ideológica de documento público: Se le atribuye a la funcionaria municipal por haber insertado datos falsos en un certificado oficial aprovechando su rol del Estado.
- Falsedad documental: Se le imputa al ingeniero en calidad de autor (según los artículos 45 y 292 del Código Penal), por la documentación técnica presentada.
Por su parte, la defensa de la funcionaria municipal se opuso firmemente a la acusación criminal. Durante la audiencia, la defensora sostuvo que demostrará a lo largo del proceso que su asistida no actuó con dolo (es decir, que no tuvo la intención consciente de cometer un fraude o engañar).
Con la formalización del caso, se abre ahora la etapa de investigación, donde ambas partes recolectarán pruebas antes de decidir si el caso se eleva a un juicio oral
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