Circula el nombre de la empresa que podría ser contratada para operar en Rentas

Los trabajadores de la DGR enviaron una nota a la Legislatura, para que los diputados realicen un pedido de informes al Poder Ejecutivo «en relación con la contratación de una empresa privada para la realización de prestaciones vinculadas con la función pública de recaudación de tributos».

A su vez, informaron a los diputados que «el Director General de la Dirección General de Rentas, recientemente comunicó al personal de dicho organismo que se encuentran en curso diversas gestiones relativas a un proyecto para la contratación de una empresa privada que ejecute diversas tareas y etapas vinculadas con la función de recaudación de tributos».

«En esta oportunidad -continúa la nota, se nos informó que la empresa Servicios y Consultoría S.A. que ya opera en la jurisdicción de Córdoba y Corrientes estaría interesada en desempeñar las tareas relacionadas con las funciones de recaudación».

Incluso hacen mención a que «personal de la empresa mencionada se habría reunido en la ciudad de Rawson con funcionarios de la Dirección General de Rentas, a fin de evacuar consultas relativas a las prestaciones a contratar, así como también que dicho personal habría efectuado un informe vinculado con las posibles prestaciones que le ofrecería al Gobierno provincial». Y que funcionarios provinciales «habrían viajado a Córdoba con el fin de interiorizarse sobre la experiencia del organismo de recaudación cordobés en la contratación que dicha jurisdicción provincial efectuó con la mencionada empresa, puesto que se aplicaría similar esquema en Chubut».

EL SISTEMA

Según lo expuesto en la nota remitida a los diputados, y tomando el caso de lo ocurrido en la provincia de Córdoba, se mencionó que «en la actualidad aproximadamente el 50% del personal que desarrolla tareas en la Dirección General de Rentas de Córdoba estaría en relación de dependencia con la empresa contratada».

Otro punto que se marca es que «la retribución de la empresa privada sería pactada como un porcentaje de la recaudación». Y «se estipularía que la contratación prevea la constitución de un fondo especial, mediante la asignación de un porcentaje de recaudación a la empresa privada, para que ésta gestione y lleve adelante la adquisición de bienes y servicios destinados al uso de la Dirección General de Rentas».

Por todo ello, se ha planteado a los diputados que «las gestiones que habrían sido llevadas a cabo hasta la fecha, así como las características del proyecto en curso, nos han generado profunda preocupación por las implicancias constitucionales, legales, financieras y éticas que podrían ocasionar».

En otro tramo de la nota, plantearon que «nos produce especial preocupación que la contratación de una empresa privada para el desarrollo de tareas o la intervención en etapas o procesos vinculados a la recaudación de tributos, cualquiera sea la estructura jurídica o denominación que se adopte, importe una delegación de las facultades atribuidas al organismo recaudador, lo que devendría en un apartamiento de las previsiones establecidas en la Constitución Provincial».

APOC RECLAMA INFORMACION 

«Por el momento no tenemos ninguna información certera», dijo ayer Jésica Carozzo, del gremio Apoc, sobre la posible licitación para contratar a un privado que trabaja en la recaudación tributaria junto a la Dirección de Rentas. «Sí podemos ver que en otras provincias se ha aplicado este sistema y no ha tenido resultados positivos», dijo la dirigente sindical a FM EL CHUBUT. 

De todos modos, subrayó que más allá de la falta de precisiones por parte de las autoridades, «el gremio siempre va a tratar de que no se vulneren los derechos de los afiliados». Mientras tanto, «estamos tratando de conseguir la información y ver qué quiere hacer el Gobierno con esta licitación que sería a través del Banco del Chubut», cuestión que también suscitó gran confusión. 

«Por supuesto estamos en alerta y tratando de informarnos», insistió Carozzo, marcando que «en todo caso, supuestamente, esta agencia de recaudación en una primera instancia tienen solamente posibilidad de cobro, como pasó en otras provincias. Entiendo que después han empezado a intervenir en cuestiones de fiscalización que serían propias de la Dirección de Rentas». Y afirmó que «el gremio no permitiría que esto suceda y se vulneren las funciones y misiones de los empleados».