Cristina Kirchner recurrirá a la ONU y habla de una "proscripción" política tras su condena

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este miércoles que llevará su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que la condena que la inhabilita de manera perpetua para ejercer cargos públicos vulnera garantías fundamentales. La decisión fue acompañada por una columna publicada en forma simultánea en medios internacionales, en la que volvió a defender su inocencia.

El artículo fue difundido en diarios como El País, de España, y Libération, de Francia, en paralelo con una conferencia de prensa encabezada por su equipo de abogados, que confirmó la presentación de una comunicación individual ante el organismo con sede en Ginebra.

Ahora, el Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá evaluar, en una primera instancia, la admisibilidad de la presentación. Si determina que cumple con los requisitos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, podrá requerir información al Estado argentino antes de emitir una recomendación sobre el caso.

En su texto, la ex mandataria sostuvo que cuando el Poder Judicial deja de actuar como garante de derechos y pasa a intervenir en la competencia política, se produce un deterioro de la calidad democrática.

“No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento”, expresó.

Cristina Kirchner calificó la inhabilitación perpetua impuesta en la denominada "Causa Vialidad" como una forma de "proscripción" y señaló que la condena recae sobre "la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina".

En su argumentación también hizo referencia al atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, al sostener que fue “un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática”.

Asimismo, afirmó que el expediente estuvo marcado por arbitrariedades incompatibles con las garantías judiciales y denunció un contexto de hostilidad que, a su entender, refleja la persistencia de prácticas de machismo estructural en sectores del sistema judicial.

La ex presidenta aseguró que el caso trasciende su situación personal y sostuvo que la condena también afecta el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes mediante el voto.

Para llevar adelante la estrategia internacional, la defensa incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, integrante del equipo legal que representó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y al ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego. Ambos participaron de la presentación junto al abogado Alberto Beraldi.

En la columna, Cristina Kirchner aclaró que no busca un trato excepcional, sino un proceso "imparcial, independiente" y acorde con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino.

La ex mandataria cumple actualmente arresto domiciliario luego de que quedara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la "Causa Vialidad", fallo que fue confirmado por la Corte Suprema en junio de 2025.

Posteriormente, en julio de 2026, el máximo tribunal también dejó firme el decomiso de bienes por $684.990 millones dispuesto en el mismo expediente.

Finalmente, Cristina Kirchner sostuvo que continuará defendiendo su inocencia mediante todos los mecanismos previstos por el Estado de Derecho, al considerar que la protección de las garantías judiciales excede su situación particular y constituye una cuestión de interés para toda la sociedad.

(Fuente: NA)