Diputados aprobaron pedidos de informes presentados por Coliñir para esclarecer el contrato de Chubut con Profand

El diputado provincial Emanuel Coliñir presentó ayer en la sesión ordinaria de Legislatura dos pedidos de informe dirigidos al Ejecutivo, buscando esclarecer la compleja situación generada en torno a los activos de la ex Alpesca, su traspaso a la pesquera Profand y el destino de los permisos de pesca asociados. Los pedidos de informe fueron aprobados con el acompañamiento del bloque oficialista. 
En tanto, el legislador apuntó que el gobierno provincial está manejando la crisis «con una notable falta de transparencia», señalando que el conflicto actual es inédito porque fue «autogenerado por el gobierno». El legislador del bloque justicialista reclamó al Ejecutivo provincial que brinde información completa y transparente sobre los contratos firmados y las decisiones adoptadas en torno al manejo de uno de los principales recursos naturales de la provincia.
“Estos pedidos de informe pretenden esclarecer y resolver, al menos desde la información, algo que el Gobierno viene manejando con mucho oscurantismo”, expresó Coliñir. En su intervención, acusó al Ejecutivo de haber actuado “con infantilismo” en la conducción del sector y de haber generado un conflicto “autogenerado” que, según dijo, afecta no solo a las empresas involucradas, sino también a los más de 600 trabajadores de de la ex Alpesca.
El diputado recordó que en septiembre ya había advertido sobre los riesgos del procedimiento elegido por el Gobierno para rescindir el contrato de arrendamiento con Red Chamber, y explicó que los problemas actuales derivan de esa decisión. “Ahora estamos con inconvenientes con el Gobierno, inconvenientes con el sector, y la sociedad entera esperando que se esclarezcan algunas cosas”, señaló. Afirmó además que “no hubo voluntad de transparentar” qué ocurrió con los bienes de Alpesca ni cómo se definió la llegada de Profand.
Coliñir repasó los hechos que llevaron a la firma del nuevo contrato con la empresa española, destacando que “Profand se hizo cargo de la totalidad de los trabajadores, tomó posesión de la planta y firmó contrato con el Gobierno provincial”, pero advirtió que ese acuerdo “no llegó a la Legislatura” y que los diputados se enteraron “por información extraoficial”. 
Finalmente, la crítica más dura se centró en la legalidad de la transferencia de los permisos de pesca. El diputado sostuvo que el Gobierno “reinterpretó arbitrariamente” las leyes que regulan los permisos de pesca provinciales, violando el espíritu de las normas vigentes. Al momento de justificar sus pedidos de informes, Coliñir leyó resoluciones de la Secretaría de Pesca que, a su juicio, interpretan de manera arbitraria las leyes provinciales (como la 9133, 9136 y 9157), las cuales nombran expresamente a Red Chamber como permisionaria. “El Secretario de Pesca inventa, legisla, y dice que los permisos pueden entregarse a quien resulte arrendatario de los bienes productivos, algo que las leyes no contemplan”, cuestionó. 
Coliñir advirtió que esa maniobra podría implicar “nulidad absoluta” del contrato con Profand, ya que —afirmó— “extinguida la obligación principal del contrato de arrendamiento, se extingue también el derecho secundario de obtener permisos de pesca”.