Colegio Público de Abogados solicitó información sobre designaciones efectuadas sin concurso público

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn remitió una nota al actual Presidente del Alto Cuerpo Javier Raidan, ante las recientes designaciones de funcionarios efectuadas en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia sin mediar concurso público de antecedentes y oposición.
Representantes del Colegio de Abogados apuntaron que dicho requerimiento fue formulado conforme lo previsto por la Ley de libre acceso a las fuentes de información, solicitando además una copia documental y respaldo administrativo correspondiente a las designaciones del Cdor. Mariano José Pardini como Administrador General; del Dr. Diego Carlos Maceratesi como Secretario de Legal y Técnica; y de la Dra. Laura Daniela Catalán como Secretaria de Sumarios.
También, “se solicitaron los fundamentos por los cuales el Superior Tribunal no habría aplicado lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Justicia del Chubut en relación con la cobertura del cargo de Administrador General, como así también lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Provincial, el cual establece como principio general, la provisión de los empleos públicos mediante concursos de oposición y antecedentes que garanticen la idoneidad para el cargo”.
En igual sentido, se pidió que se informe sobre la aplicación del Acuerdo Plenario Nro. 4030/2012, que establece que la cobertura de los cargos de funcionarios del Poder Judicial, letrados o no, no sujetos a Acuerdo Legislativo, debe realizarse exclusivamente mediante concurso público.
“Estas designaciones, entre las que se encuentra la del cargo de Administrador General, una función clave para el manejo de los recursos humanos y materiales del Poder Judicial, han generado una legítima preocupación institucional”, expresaron desde el sector.
El hecho motivó la intervención del Colegio de Abogados, “en defensa de los principios de transparencia, legalidad e idoneidad que deben regir el acceso a la función pública y como  contribución al mejoramiento de la administración de justicia, haciendo conocer y señalar las deficiencias e irregularidades que se observaren en su funcionamiento”.