El Ministerio Público Fiscal de Chubut busca adaptarse al uso del dinero digital en causas penales complejas

“La volatilidad y el anonimato de las criptomonedas exigen respuestas ágiles de la Justicia penal”, señaló Fink, al destacar que los criptoactivos se están convirtiendo en una vía habitual de ocultamiento de dinero o transferencia de valor en delitos complejos como el narcotráfico o el lavado de activos. Frente a esta situación, el objetivo del Ministerio Público es dotarse de herramientas legales y operativas que permitan actuar con eficacia durante el desarrollo de las investigaciones.
Entre los principales obstáculos que enfrentan los fiscales a la hora de incautar criptomonedas, el funcionario destacó la forma en que estas se almacenan. “No es lo mismo una billetera en un exchange internacional que una billetera fría en un dispositivo físico. Además, no se pueden depositar en cuentas oficiales ni resguardar en entidades tradicionales como ocurre con otros bienes”, explicó.
Por esa razón, desde la Procuración se trabaja en la incorporación de nuevas capacidades técnicas. Se evalúa, por ejemplo, la contratación de billeteras virtuales oficiales, la compra de dispositivos físicos para almacenamiento (conocidos como billeteras frías) y la capacitación de personal especializado para preservar claves privadas y datos sensibles.
Fink subrayó que la Procuración General de la Nación ya estableció una normativa específica para orientar las acciones frente al secuestro de activos digitales. En Chubut, actualmente, la Oficina Judicial es la encargada de la custodia de los criptoactivos incautados, aunque el sistema aún carece del equipamiento necesario. “Se necesita avanzar en la infraestructura y entrenamiento del personal para poder intervenir con rapidez”, sostuvo.
Otro punto clave es la cooperación internacional. Fink remarcó que muchas plataformas de intercambio de criptomonedas están radicadas en países con legislación flexible o escasa colaboración judicial. “Sin acuerdos internacionales y redes de fiscales que trabajen en conjunto, es muy difícil recuperar activos digitales que están fuera del país”, advirtió.
El avance del dinero digital plantea así un nuevo escenario para la Justicia, que debe adaptarse a una dinámica distinta, donde la tecnología, la velocidad y la cooperación transfronteriza son condiciones necesarias para no perder de vista los rastros económicos del delito.