Marcelo Mou: “Hay muchas herramientas legales que nosotros vamos a hacer para proteger la empresa, las inversiones y la gente de Red Chamber”

En una entrevista exclusiva, el presidente de Red Chamber Argentina, Marcelo Mou, describió cómo había avanzado la negociación con el Gobierno del Chubut para una adenda del contrato por los bienes de la ex Alpesca. La compañía, que desde 2015 opera bajo un contrato de arrendamiento con la promesa de una futura expropiación, asegura haber cumplido con sus compromisos de inversión, empleo y continuidad productiva.

El Gobierno provincial, en cambio, insinúa incumplimientos y plantea la posibilidad de entregar los activos a otro operador que, se dice en el sector, sería la multinacional Profand. En diálogo con EL CHUBUT, Marcelo Mou, describió cómo había avanzado la negociación con el Gobierno del Chubut para una adenda del contrato “que estaba lista para firmar”, pero que “dejaron de responder y quedamos confundidos”. En paralelo, aseguró que tomó contacto con el CEO de Profand y advirtió que, ante una eventual rescisión, se activarían herramientas judiciales “para proteger la empresa, y proteger las inversiones, y proteger la gente”.

Hasta fines de julio de este año se intercambiaron borradores de una adenda contractual, con acuerdos prácticamente cerrados. “El 21 de julio mandamos la última versión de la propuesta y estaba lista para firmar. Quedamos todos confusos”, señaló. 
Paralelamente, Mou informó que, ante los rumores asentados, le escribió al CEO de la multinacional Profand: “Yo le mandé un mail a Enrique García, me dijo que estaba de vacaciones y que la semana que viene vuelve y hablamos”. 

La historia se remonta a 2015, cuando el Estado provincial firmó con Red Chamber un contrato por un plazo máximo de diez años, prorrogable hasta tanto concluyera la expropiación definitiva de Alpesca. Esa misma cláusula estableció que la empresa tendría prioridad en adquirir los activos una vez finalizado el proceso judicial. Pero la expropiación nunca finalizó y sigue su curso en la justicia local. Las inversiones también forman parte del debate. 

En tanto, aseguró que dialogó con Ming Bin Kou, presidente de Red Chamber Company: “Dijo que vamos a seguir dialogando hasta poder llegar a un acuerdo y solucionar esto”.

CONTRATO: CLÁUSULA DE PRÓRROGA, CANON Y PRIORIDAD EN LA EXPROPIACIÓN

En paralelo, otro de los cuestionamientos es el valor del canon de la empresa. Originalmente simbólico y compensado con inversiones, ese canon fue fijado en función de un compromiso de avanzar en la expropiación en un plazo razonable. El monto se actualizó a la fecha de acuerdo con la inflación y, en diciembre pasado, Red Chamber transfirió unos 250 mil dólares como pago integral. No obstante, Arbeletche planteó que el canon debería elevarse a 300 mil dólares mensuales. “En la última Feria de Vigo, octubre 2024, me dijo que teníamos que ver el tema del canon”, recordó. Para Mou, ese monto terminaría desincentivando cualquier resolución judicial, ya que la provincia encontraría más rentable perpetuar el arrendamiento que concluir la expropiación. 

Respecto de los plazos y condiciones, señaló que coexiste un tope temporal y una cláusula que contempla cierre de la expropiación: “El contrato de 2015 dice que no puede ser más de 10 años. Pero en la cláusula 7, dice que el contrato finaliza hasta que finalice la expropiación. Y Red Chamber ahí va a tener la prioridad de pagar por la expropiación y ser dueño de los activos. Y eso está específicamente en el contrato”. Según su interpretación, el canon original se fijó con lógica instrumental: “Entonces, por eso que pusimos un monto de canon que es simbólico, porque la intención nunca fue cobrar el canon, la intención siempre fue poner toda la empresa a funcionar y poner a la gente a trabajar. No fue que la provincia tendría que cobrar plata de esto”.

“Por eso es importante que vengan a ver las inversiones porque las mismas se compensan con el canon. De hecho, nosotros presentamos todas las documentaciones y fueron aprobadas”, dijo. Respecto del último año, precisó montos: “En 2024, presentamos la documentación de inversiones, y pagam el canon completo, indistintamente de las inversiones hechas”. 

Respecto al proceso de expropiación que todavía sigue su curso en la justicia local, Mou aseguró que, si bien ya se determinó quiénes son los herederos legales, “falta más. Mucho más. La historia no se termina ahí. La discusión va a estar en el valor de los bienes de Alpesca. Y eso va a llevar años a decidir. Porque los dueños no van a estar contentos. Especialmente con todo eso funcionando. Hubo una tasación den 2014 y no estuvimos de acuerdo, y ahora con todo funcionado será peor”.

REEMPLAZO DE BARCOS E INVERSIONES

El nudo jurídico es otro punto sensible. La Provincia sostiene que existen incumplimientos contractuales, especialmente por la falta de reemplazo de algunos buques de la flota original de Alpesca. Mou concede parcialmente ese señalamiento: reconoce que dos embarcaciones todavía no fueron sustituidas, pero atribuye la demora a factores externos.

Para repasar: Red Chamber reflotó el Cabo Vírgenes, el Promasa 1, el Promasa 3 y opera también el Patagonia Queen. En tanto, hay 4 barcos de Alpesca que se dio la vida útil terminada: el Cabo San Sebastián; Cabo Dos Bahías; Cabo Buena Esperanza y el Promasa 2. Mou detalló: “El Promasa II lo logramos reemplazar por el Patagonian Queen que usa su permiso de pesca. El Cabo San Sebastián, estamos en proceso de reemplazo a un barco que está preparando en Puerto Deseado, que es el buque Altalena”. Y precisó lo aún pendiente: “Es cierto en ese punto que estamos en un incumplimiento porque falta reemplazar esos dos barcos (Cabo Dos Bahías y Cabo Buena Esperanza). Pero es complicado”.

“Yo le di razón al gobierno en eso, dos barcos faltan. Pero vale recordar también que la resolución de cuando nos autorizaron un reemplazo fue en 2020. Llegó la pandemia, y después el gobierno decía que no podíamos importar barcos. Y aparte tengo un barco en proceso de construcción en Tandanor, un fresquero de 8 millones de dólares. No hay falta de voluntad”, expresó.

EMPLEADOS EFECTIVOS: UN NUMERO EN TENSIÓN

También el empleo se convirtió en un campo de discusión. El contrato original mencionaba la obligación de incorporar mil trabajadores, cifra que nunca se alcanzó. Hoy la compañía tiene en actividad a unas 600 personas entre operarios de planta, tripulantes, personal administrativo y de mantenimiento. Ante la consulta por la brecha entre el número actual y el objetivo contractual, respondió: “No hay más gente. Se fueron todos. Se fueron a trabajar a otras empresas. Tomaron indemnización de la provincia, no hay nadie más. De hecho, tengo un documento que firmamos en diciembre de 2024, que dice que

Red Chamber no tiene ninguna obligación más de contratar a nadie de esa empresa. Lo firma provincia, el STIA y homologado por secretaría de Trabajo”.
Frente a la amenaza de una rescisión, Red Chamber prepara una defensa legal amplia. Sus asesores en Buenos Aires y Chubut trabajan sobre distintos escenarios, convencidos de que cualquier ruptura unilateral podría abrir un frente judicial: “Hay muchas herramientas legales que nosotros vamos a hacer para proteger la empresa, y proteger las inversiones, y proteger la gente”, apuntó Mou.

La empresa plantea un interrogante incómodo: qué pasará con los casi 600 trabajadores si el contrato se corta de manera abrupta.  Se calcula que la masa salarial de la empresa sólo en Puerto Madryn entre operarios de planta, administrativos y flota, ronda los 1.500 millones de pesos. 

CIERRE ABIERTO CON CAMINO LEGAL

El conflicto, en definitiva, no es sólo económico. Se trata de un choque entre dos estrategias. El Gobierno provincial parece decidido a poner fin a una relación contractual, convencido de que la empresa no cumplió los objetivos iniciales que se habían establecido. Red Chamber, por su parte, sostiene que honró cada compromiso, que invirtió en plantas y barcos, que preservó empleo en un sector crítico y que su continuidad está avalada por el propio contrato. La expropiación inconclusa es el núcleo de la disputa al no haber una definición judicial.

Más allá de los matices, ambos actores coinciden en un punto: el desenlace será judicial: “Si hay incumplimiento de la empresa, nosotros vamos a resolver sí o sí. No sería bueno para mi imagen, ni para la imagen de nosotros afuera, y no es bueno para la imagen americana que está invirtiendo en Argentina”, señaló.