Las listas que ganaron en diciembre aún no asumen en el Somu y esperan la resolución de la Cámara

La crisis institucional en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) entra en una semana de definiciones. Este lunes, con el reinicio de la actividad judicial tras el receso por feria, todas las miradas se posan sobre la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

El tribunal tiene en sus manos la resolución de la Causa N° 45775/2025, la cual deberá determinar en los próximos días si las elecciones realizadas en la primera semana de diciembre —y que fueron oportunamente suspendidas por una medida cautelar— son válidas, si deben anularse o si se convocará a un nuevo proceso electoral. Mientras no haya un fallo sobre la cuestión de fondo, los ganadores de aquellos comicios aún siguen en un limbo administrativo, imposibilitados de asumir sus cargos.

El conflicto se originó cuando la Justicia, mediante un fallo de los jueces Mario Silvio Fera y Diana Cañal, ordenó suspender la elección nacional realizada entre el 1° y el 5 de diciembre para garantizar la libertad sindical ante denuncias de irregularidades y exclusión de listas opositoras. A pesar de esta orden federal, en seccionales como Puerto Madryn se decidió continuar con la votación bajo el argumento de no haber sido notificados formalmente por la Junta Electoral. En dicha localidad, la Lista 100 Azul se alzó con la victoria por un ajustado margen de 181 votos contra 180 del oficialismo, pero el binomio electo de López–Vallejos aún no pudo tomar posesión de la seccional que sigue conduciendo Oscar Zapata debido a la parálisis judicial del proceso.

La situación legal actual se rige por la resolución dictada el 28 de diciembre, en la que el tribunal estableció una prórroga de mandatos por 45 días corridos para las autoridades vigentes, con el fin de evitar la «acefalía» del sindicato. Dado que el plazo comenzó a computarse desde el vencimiento de los mandatos originales a fines de diciembre, la prórroga está a escasos días de expirar. Los magistrados ya advirtieron en su momento que este plazo es improrrogable «de hecho» y fijaron un apercibimiento de multas de un millón de pesos diarios por cada día de incumplimiento o retraso en la normalización.

EMPIEZAN LAS PARITARIAS
En medio de toda esta nebulosa de autoridades, comenzó esta semana las primeras reuniones entre el sindicato y las cámaras empresarias para comenzar a delinear las paritarias para aguas nacionales. Y fueron sólo las actuales autoridades del SOMU, cuyos mandatos fueron extendidos excepcionalmente por la Justicia, quienes encabezaron dichas reuniones. Lo llamativo de estos encuentros es que se están llevando a cabo sin la participación de los delegados y autoridades que resultaron electos en diciembre, quienes serán los que continúen, finalicen y ejecuten esos acuerdos. 

Esta exclusión ocurre en medio de denuncias por «prácticas autoritarias» de la conducción nacional, como las reportadas por la seccional Corrientes, que acusó a Raúl Durdos de intentar despojarlos de su sede sindical abusando de la interpretación de la prórroga judicial.

La expectativa para esta semana es máxima, ya que la Justicia debe definir no solo el destino de las urnas de diciembre, sino también cómo se sustanciarán las denuncias por redargución de falsedad de escrituras públicas y las irregularidades señaladas por la Junta Electoral.
Los afiliados y las listas opositoras, como la Azul y la Granate, insisten en que se debe tutelar el derecho a un proceso electoral limpio y transparente, mientras advierten que no permitirán maniobras que busquen perpetuar a la actual conducción más allá del plazo estrictamente otorgado por la Cámara.