Bravo afirmó que Provincia siempre estuvo dispuesta a acompañar un proyecto turístico privado de la familia Ferro
La subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas de Chubut, Nadia Bravo, detalló los esfuerzos del Ejecutivo provincial para destrabar el conflicto con la familia Ferro por el cierre de los miradores en Península Valdés. Pese a que se les propusieron incentivos a la inversión y exenciones impositivas, la funcionaria lamentó la falta de resultados positivos y remarcó que, aunque se respeta la propiedad privada, el Estado protegerá el recurso de la fauna que pertenece a todos los chubutenses.
por REDACCIÓN CHUBUT 07/01/2026 - 20.16.hs
En el marco de una reunión de directorio que congregó a sectores públicos y privados para abordar la crisis en los accesos de Caleta Valdés, Nadia Bravo brindó precisiones sobre la postura oficial del Gobierno de Chubut frente a la decisión de la Estancia Ferro de clausurar senderos históricos. La funcionaria subrayó que la gestión supo mantener un diálogo constante con los propietarios, a quienes considera «aliados estratégicos», e incluso reveló que el propio Gobernador participó de las negociaciones ofreciendo alternativas para que la familia pudiera explotar turísticamente sus tierras de manera privada. Sin embargo, ante la negativa de los propietarios y su decisión de avanzar con el cierre para realizar estudios de impacto ambiental, Bravo adelantó que la Subsecretaría ya trabaja en el desarrollo de nuevos puntos de interés con otros dueños de campos para no afectar la oferta turística de la región.
Apoyo a la inversión privada y falta de acuerdos
La subsecretaria Bravo fue enfática al señalar que el Estado provincial no se opone al desarrollo privado dentro de las áreas protegidas, sino que, por el contrario, intenta fomentarlo como una salida al conflicto. Al ser consultada sobre la posibilidad de que los Ferro operen el sitio por su cuenta, Bravo declaró: «A ellos siempre se les ofreció que si ellos tenían la posibilidad de hacer un proyecto turístico, obviamente el ministerio va a acompañar y va a avalar y va a darles las herramientas para que lo pueden hacer, pero bueno, no están sus planes hacer algún proyecto turístico por el momento».
Asimismo, detalló que las propuestas incluyeron diversos beneficios económicos para los propietarios: «Se presentaron muchas opciones y propuestas, el tema del incentivo a las inversiones, el tema de las exenciones impositivas, porque obviamente el propietario del campo, a lo mejor no se dedica al turismo, pero tiene otras actividades».
En otro orden, respecto al pedido a Provincia de 7 mil dólares mensuales para abrir los caminos a los miradores, Bravo puntualizó que, para obtener ganancias, es necesaria una contraprestación: «Acá la propuesta obviamente era un rédito económico y para poder tener un rédito económico hay que invertir también. Hay que prestar un servicio».
La funcionaria reveló que el conflicto escaló hasta la máxima autoridad provincial debido a la firmeza de la postura de la familia Ferro. «Desde la provincia se han evaluado distintas opciones alternativas, se le ha dado muchas opciones. Incluso hasta el mismísimo gobernador ha atendido a la familia con todas las opciones que se barajaron desde la Asesoría General de Gobierno, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y no hemos tenido buenos resultados».
Bravo explicó que la situación es compleja debido a la naturaleza de los acuerdos históricos que regían en la zona: «El caso de los miradores es un caso también como algo muy extraño en el sentido de que fueron públicos toda la vida, lleva más de 20 años, fueron acuerdos tácitos que se hicieron hace muchos años y bueno, lamentablemente al no tener hoy una documentación que acredite o habilite que la familia cedió ese espacio a la provincia para que pueda hacer en conjunto con la administradora esos miradores, hoy nos encontramos en esta situación».
Ante esto, reconoció el límite de la autoridad estatal: “Sabemos y tenemos en claro que tenemos que respetar esa propiedad privada pero también hay reglas que un Área Protegida nos va determinando, pero es un trabajo conjunto, no es fácil. Hay que hacer acuerdos con los propietarios”.
Resignación con la familia ferro y Alternativas
Bravo adelantó que la Provincia evalúa distintas opciones ante la imposibilidad de acceder a la Pingüinera y a la Boca de la Caleta. La funcionaria adelantó que el Gobierno ya mira hacia el futuro para garantizar la actividad turística en la Península Valdés. «Estamos trabajando para seguir buscando otras opciones, otras alternativas y seguir a ver si podemos lograr esos acuerdos que veníamos trabajando... tenemos uno un poco más avanzado que otros, así que creo que vamos a ir por ese camino».
Para cerrar reiteró que el foco está puesto “en las cinco unidades operativas que tenemos, que son El Desempeño, Isla de los Pájaros, Punta Norte, Caleta Valdés y Punta Pirámides. Creemos que vamos a tener otras opciones con otros propietarios, otros miradores, otras propuestas. Se están evaluando otras alternativas turísticas”.
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