Defensa Pública señala que la nueva Ley Penal Juvenil prioriza el castigo sobre la prevención

“Era loable que se modifique la normativa respecto al Régimen Penal Juvenil porque estaba vigente una ley desde el año 1980, la Ley N° 22.278, sancionada en época de la dictadura. Tenía la concepción del niño o adolescente como objeto y no como sujeto derecho. Hoy, a la luz de la Convención del Derecho del Niño y toda la normativa específica, debe ser asumido de esta manera por toda la legislación”, explicó, en primer término, Brondes. 
No obstante, aseguró que “más allá de este aggiornamiento con los términos constitucionales y convencionales, mi postura es altamente crítica(al nuevo régimen penal) porque se baja la edad de punibilidad, pretendiendo dar respuestas de adultos a situaciones de niños y adolescentes. Respuestas punitivas, sin poner el acento en las políticas públicas que deberían prevenir, de alguna manera, el delito de niños y adolescentes”.
En ese sentido, aseguró que se le dio una difusión pública a la reforma estructural enmarcada en la baja de la imputabilidad, y aseguró: “El índice de criminalización de niños y adolescentes es ínfimo. No mueve la aguja, utilizando un término coloquial, ni en la ciudad, ni en la provincia, ni a nivel país”. Y acotó que, estadísticamente, en el año 2022 y 2024, el porcentaje de niños y adolescentes criminalizados oscila entre el 1% y el 2% del total. 
A su vez, remarcó que dentro de los porcentajes brindados “hay muchos niños imputados, pero muy pocos criminalizados porque algunos no son hechos graves. Las imputaciones que se hacen son los llamados delitos de menor cuantía: hurtos, robos en grado de tentativa, amenazas”.
La cuestión toma relevancia en la opinión pública con homicidios con participación de adolescentes, como sucedió hace un par de semanas en Puerto Madryn, o  el caso de Jeremías Monzón (en Santa Fé), los cuales hacen que se reavive la reforma legislativa, y “entendiéndose en esta mirada de la minoría, la delincuencia; unir estas cuestiones y lo que la sociedad vincula”, añadió. 

«La respuesta punitiva no es la solución» 
Brondes manifestó que en la sociedad, hay una amplia aceptación de bajar la edad de imputación , como en  países de Latinoamérica aunque sin resultados, incluso, por el contrario, los índices de criminalización subieron. “La respuesta punitiva no es la solución. La solución pasa por las políticas públicas, sobre todo de educación, de salud, y de trabajo. La ley de alguna manera lo contempla, pero siempre en el marco punitivo”, añadió.
Asimismo, apuntó: “La crítica que se hace es que se toma el índice de criminalidad, también bastante ínfimo del área de AMBA de Buenos Aires y  provincias como Córdoba y Santa Fe, que no son al reflejo de la criminalidad en todo el país, en el nivel de adultos y en de niños”.  
“También hay cuestiones como que el proyecto se debatió hace dos años prácticamente, se pausó, y se retoma sin ningún cambio de estructura en ese periodo a la fecha, en todo lo que la ley prevé para reinsertar, que adopte esta asunción al compromiso con los parámetros legales y sociales del niño”, añadió el defensor.

Adecuación y presupuesto 
La ley entrará en vigencia en el mes de septiembre, dado que se da un período de 180 días para la adecuación de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en sus regímenes procesales. El Defensor Jefe de Puerto Madryn recalcó que Chubut tiene un cuerpo normativo de avanzada, adoptando los criterios de la Convención sobre los Derechos del Niño, tanto en minoría como en adultos. 
“La normativa sí dota de una partida presupuestaria de Nación a las provincias -23 millones de pesos- para la creación de los centros especializados. Y ya existen críticas al respecto, porque los especialistas señalan que no va a alcanzar ni ínfimamente para la cobertura de todo lo que se pretende modificar”, finalizó Brondes.