Jueza Bartels define si se abre investigación a la denuncia del Intendente por extorsión

La jornada de hoy será un punto de inflexión en la causa que investiga una presunta trama de extorsión en perjuicio del intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre. Tras la audiencia de apertura de investigación celebrada el pasado martes, la jueza penal María Inés Bartels se abocó al análisis de los elementos presentados por el Ministerio Público Fiscal para determinar si existen indicios suficientes que justifiquen el inicio formal de un proceso judicial. La acusación sostiene que dos individuos, ex integrante de la Policía Federal y un empresario pesquero local, habrían intentado coaccionar al mandatario mediante amenazas de generar conflictos legales inexistentes a cambio de una fuerte suma de dinero.
Durante la exposición de los hechos, la fiscal general Ivana Berazategui detalló que al intendente se le habrían solicitado 60 mil dólares en un contexto de aparente «ayuda» que, de no concretarse el pago, derivaría en un perjuicio mayor para su figura. En el relato fiscal se ventilaron frases intimidatorias como “esto tiene un costo, H. no trabaja gratis”, dejando entrever una coordinación entre los imputados para presionar al jefe comunal.
A pesar de que los acusados actuaban de forma separada, la fiscalía sostiene que existía una ratificación mutua de sus acciones, donde uno advertía sobre el presunto enojo del otro y las consecue

La jornada de hoy será un punto de inflexión en la causa que investiga una presunta trama de extorsión en perjuicio del intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre. Tras la audiencia de apertura de investigación celebrada el pasado martes, la jueza penal María Inés Bartels se abocó al análisis de los elementos presentados por el Ministerio Público Fiscal para determinar si existen indicios suficientes que justifiquen el inicio formal de un proceso judicial. La acusación sostiene que dos individuos, ex integrante de la Policía Federal y un empresario pesquero local, habrían intentado coaccionar al mandatario mediante amenazas de generar conflictos legales inexistentes a cambio de una fuerte suma de dinero.
Durante la exposición de los hechos, la fiscal general Ivana Berazategui detalló que al intendente se le habrían solicitado 60 mil dólares en un contexto de aparente «ayuda» que, de no concretarse el pago, derivaría en un perjuicio mayor para su figura. En el relato fiscal se ventilaron frases intimidatorias como “esto tiene un costo, H. no trabaja gratis”, dejando entrever una coordinación entre los imputados para presionar al jefe comunal.
A pesar de que los acusados actuaban de forma separada, la fiscalía sostiene que existía una ratificación mutua de sus acciones, donde uno advertía sobre el presunto enojo del otro y las consecuencias de no acceder al pedido económico.

RECOLECCIÓN DE PRUEBAS
La postura de la parte acusadora es firme en cuanto a la solidez de la prueba recolectada hasta el momento. La Dra. Berazategui fue contundente al manifestar que «consideramos que existen elementos para hacer la apertura de investigación» y que «son elementos que ratifican las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos y esto nos pone en respaldo para poder seguir adelante la investigación y concretar, en su caso, una acusación”.
Asimismo, la fiscalía desestimó la existencia de cualquier denuncia real en el ámbito de la Justicia Federal que pudiera haber servido de base para las advertencias de los imputados, confirmando que tras entrevistas con personal policial, se determinó que no existía conocimiento alguno sobre dichas actuaciones.
Con los argumentos de ambas partes sobre la mesa, la jueza Bartels deberá comunicar hoy si se dicta la apertura formal de la investigación o si se fija una nueva instancia procesal.
 

ncias de no acceder al pedido económico.

RECOLECCIÓN DE PRUEBAS
La postura de la parte acusadora es firme en cuanto a la solidez de la prueba recolectada hasta el momento. La Dra. Berazategui fue contundente al manifestar que «consideramos que existen elementos para hacer la apertura de investigación» y que «son elementos que ratifican las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos y esto nos pone en respaldo para poder seguir adelante la investigación y concretar, en su caso, una acusación”.
Asimismo, la fiscalía desestimó la existencia de cualquier denuncia real en el ámbito de la Justicia Federal que pudiera haber servido de base para las advertencias de los imputados, confirmando que tras entrevistas con personal policial, se determinó que no existía conocimiento alguno sobre dichas actuaciones.
Con los argumentos de ambas partes sobre la mesa, la jueza Bartels deberá comunicar hoy si se dicta la apertura formal de la investigación o si se fija una nueva instancia procesal.