La Justicia prorrogó los mandatos en el SOMU «sin vencimiento»

Esta medida excepcional establece que las actuales autoridades permanecerán en sus cargos hasta que exista una sentencia definitiva sobre el proceso judicial que mantiene suspendidas las elecciones gremiales desde hace seis meses, despejando así el estado de acefalía pero profundizando la incertidumbre sobre la normalización definitiva de la entidad.

A diferencia de las extensiones previas que tenían plazos determinados, esta nueva disposición judicial posee la particularidad de ser por tiempo indeterminado, lo que implica que la vigencia de los mandatos actuales podría extenderse por meses o incluso años dependiendo de los tiempos del tribunal.

Los magistrados de la Sala III tomaron esta determinación para garantizar la continuidad institucional del gremio en un contexto donde el expediente principal no ha logrado avanzar hacia una resolución de fondo, permitiendo que la dirigencia actual recupere su plena capacidad operativa y legal.

El fallo se produce en un marco de crisis institucional sin precedentes para el sindicato marítimo, ya que han transcurrido seis meses sin que los afiliados hayan podido concurrir a las urnas para elegir a sus representantes. Esta dilación en el expediente ha generado un escenario donde cualquier incidente judicial o recurso interpuesto por las partes se convierte en un motivo adicional para la extensión de los plazos, manteniendo al SOMU en un régimen de transitoriedad que se vuelve permanente ante la falta de una definición sobre la validez de los comicios de 2025.

En la misma resolución, los jueces desestimaron los planteos realizados por los dirigentes opositores Gonzalo Soto y Juan Fuentes, quienes habían solicitado medidas que, según la interpretación del tribunal y de la actual conducción, buscaban impulsar una intervención externa del gremio. Para la Justicia, asegurar la continuidad de las autoridades vigentes bajo este formato de prórroga indefinida es una forma de resguardar la autonomía sindical y evitar que factores externos alteren la vida interna de la organización mientras se dirime el conflicto legal.

Desde la conducción de Raúl Durdos, la noticia fue recibida con un comunicado oficial donde se califica el fallo como un respaldo a la «legalidad» y un fortalecimiento de la institucionalidad frente a lo que denominaron «intentonas irresponsables» de debilitar al sindicato. No obstante, a pesar del alivio administrativo que esta firma representa para la gestión diaria y las negociaciones paritarias, el problema de origen sigue latente: la soberanía de los trabajadores en las urnas sigue postergada a la espera de un veredicto judicial final que no tiene fecha cierta en el horizonte.