La CGT en alerta, ante la posible sanción de la Ley de ART

Sobre fines de noviembre, el gremio había cortado la circulación vehicular en las rutas 3 y 1, para protestar contra la normativa y lograron que no se trate el dictamen en comisión. 
El secretario General del Stia, Luis Núñez, advirtió que entablaron conversaciones para tratar de frenar el posible avance del proyecto de Ley, a fin de «evitar el conflicto social que se generaría con su aprobación».
En las últimas horas, el Stia emitió un comunicado oficial, en el que señaló que las organizaciones sindicales adheridas a la CGT del Virch y Puerto Madryn, a la CGT de Comodoro Rivadavia y a la CGT de Esquel, y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), rechazan rotundamente el proyecto.
En el documento que lleva la firma del secretario General del Stia, Luis Núñez, se manifiesta que «todas las organizaciones sindicales están en estado de alerta y movilización», y que «hay actividades de la provincia que se paralizarán para manifestarse el próximo jueves si se intenta aprobar una Ley que perjudicará a todos los trabajadores de la provincia».
«La inconstitucionalidad de la norma deviene desde su inicio, por tratarse de una modificación que saca de la garantía del juez natural a los trabajadores que se accidentan y los obliga a transitar una vía administrativa federal en la que sus derechos están plenamente vulnerados», manifestaron. 
Además, el Stia señaló que «toda norma que sea sancionada por los cuerpos legislativos, debe tender a ampliar derechos y no restringirlos o eliminarlos como pretende esta modificación». 
Y también, manifestaron que en la provincia de Jujuy «la misma Ley fue derogada por la Legislatura provincial que anteriormente la había aprobado», y que «otro caso es el de la provincia de Santa Fe «donde existen proyectos de derogación». «Los registros muestran el fracaso que tuvo la implementación de esta norma en otras provincias y las múltiples declaraciones de inconstitucionalidad determinadas por los jueces locales», puntualizaron. 
El Stia señaló que «en la aplicación de la norma, el 98% de los accidentes de trabajo fueron rechazados por estas comisiones médicas que son sustentadas por las propias aseguradoras de riesgo de trabajo. Estos precedentes, dejan a las claras, que no puede ser operativa una norma que va a terminar por perjudicar a los trabajadores afectados por accidentes o enfermedades profesionales y a sus familias, que no van a tener más sustento de los causantes».