Camarones reclama a Provincia derogar una nueva tasa aplicada a su puerto

Criticó «las directivas adoptadas desde Rawson, en una mesa de cuatro o cinco», que perjudican el empleo en la localidad del sur.
La responsable política de Camarones reunió ayer a empresarios y trabajadores de la pesca, ante quienes se comprometió a pedir una audiencia con el gobernador Mariano Arcioni para inicios de esta semana para que «medie» en el conflicto. 

Loyola planteó al sector marino que «el puerto llegue a manos nuestras» porque «ya no queremos directivas de Rawson, en una mesa cuatro o cinco». La Intendente remarcó que «el Municipio no tiene injerencia en la administración ni en el control del puerto, pero nos corresponde ser atendidos y formar parte de las decisiones, porque estas decisiones sin la participación del Gobierno local, nos afectan».

La resolución 05/22 fue firmada el 13 de junio de este año y aprueba la actualización del cuadro tarifario para buques pesqueros, empresas y/o cooperativas que presten servicios en los puertos de Rawson y Camarones. Conocida la medida, que rige desde su publicación en el Boletín Oficial, Loyola, empresarios y obreros marítimos solicitaron derogar la «imposición arbitraria» que adoptó contra Camarones. «Nuestra postura, como Ejecutivo local, es transmitir este enojo al Gobierno provincial para que la disposición sea derogada en la Secretaría de Pesca.

«Estamos pidiendo que las embarcaciones se queden en este puerto, que haya trabajo para todos», manifestó la Intendente al observar «demasiado egoísmo a partir de las decisiones políticas que adopta la Secretaría de Pesca con la operatividad del Puerto de Camarones».

Apenas firmada la resolución, Loyola ya se había expresado contraria a la norma. Calificó la suba tarifaria de amarre como un «despropósito», sobre todo cuando transcurre «la temporada de pesca nacional». Entendió que «perjudica totalmente el desarrollo del puerto» durante el presente período.   
«Se impone una tarifa de 150 mil pesos el amarre, y superando las 10 horas alcanzaría los 450 mil pesos, por eso estamos totalmente en desacuerdo y repudiamos la resolución», sostuvo hace unos días.