Esta semana el Ejecutivo enviará a la Legislatura el proyecto de Ley de Emergencia Económica

Una vez aprobada, la emergencia regirá por el período de 18 meses. El gobernador, Ignacio Torres, impulsará la iniciativa acompañado por los intendentes de las distintas localidades provinciales. El proyecto sería tratado por los diputados en la Sesión Extraordinaria del 27 de diciembre.

PAGOS, OBRA SOCIAL Y SENTENCIAS
El documento establece la suspensión de «pagos y otras contraprestaciones que correspondan a obligaciones contraídas por el Estado provincial, con anterioridad al 9 de diciembre de 2023», aunque exceptúa el pago de salarios a los estatales, incluidos los correspondientes a noviembre y diciembre, además de la segunda cuota del aguinaldo y liquidaciones finales.
También quedan por fuera de la emergencia «las prestaciones previsionales y de la obra social a cargo del Instituto de Seguridad Social y Seguros, incluidas las obligaciones determinadas por sentencias judiciales» y obligaciones provenientes del endeudamiento financiero. Y las deudas «del Estado provincial con los municipios y comunas rurales», también estarán exceptuadas de la norma.
A su vez, la Emergencia suspende «las ejecuciones de las sentencias, acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales que condenen al Estado provincial al pago de sumas de dinero o al cumplimiento de obligaciones que se resuelvan en dar sumas de dinero», como así también «las medidas cautelares y las medidas de ejecución, debiendo disponerse de oficio su inmediato levantamiento por el juez».

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que faculta a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial «para promover la extinción de los contratos de obra pública, de consultoría, de servicios y obras celebrados por cada Poder», aunque ello no ocurriría en casos en los que «sea posible la continuación de la obra o la ejecución del contrato, previo acuerdo entre comitente y contratante o contratista que se inspire en el principio del esfuerzo compartido».

INGRESOS CONGELADOS
Otro artículo de relevancia es el que congela los ingresos de agentes a la estructura provincial. La normativa prevé la suspensión de «los ingresos al Estado provincial bajo cualquier modalidad de vínculo jurídico, a excepción de la cobertura de los cargos vacantes que cuenten con partida presupuestaria aprobada para tal fin y obre debidamente la fundamentación por acto administrativo por parte de cada titular del poder correspondiente».
Además, el proyecto de Ley de Emergencia invita «a los Municipios y Comisiones de Fomento a adherir a esta prórroga de 18 meses».