La Intervención de la Cooperativa pidió la nulidad del contrato multimillonario con estudio jurídico

El 13 de agosto de 2024, la presidenta Josefa Avila, la secretaria Sandra Alonso y el tesorero Román Canario, firmaron un contrato con el estudio bonaerense de abogados denominado Villaverde y Beltramino que establecía que la firma representara a la Cooperativa de Rawson en la demanda judicial contra Cammesa y tramitara el freno de los embargos. A cambio, la prestataria tenía que abonar 600 mil dólares a pagar en 24 cuotas de 25 mil dólares MEP. Si el buffet de abogados ganaba alguna instancia judicial, también tenían un proporcional de la demanda obtenida. 
Según el Estatuto de la Cooperativa, cuando se tratan de montos millonarios, dicha decisión debe ser avalada por Asamblea. No obstante, este requerimiento no se efectuó, sino que se decidió unilateralmente. Este contrato fue denunciado públicamente tanto por el Gobernador como por el Intendente, siendo una de las causales del pedido de intervención a la prestataria. 
Luego de un riguroso análisis, el Interventor y su equipo definieron realizar la denuncia que involucra al Consejo de Administración y también solicitan investigar a la Comisión Fiscalizadora, ente encargo de revisar las decisiones del Consejo. La semana pasada se presentó una denuncia civil y este jueves se efectivizó la denuncia penal.
El asesor legal, Mario Bensimon, expresó que «el contrato que suscribieron autoridades de la Cooperativa con el estudio de Mar del Plata, Villaverde, era un capítulo especial. Primero, por el volumen económico involucrado. Y segundo, porque ya había sido objeto de una denuncia por parte del entonces representante municipal, Luis Ramírez. Ya había sido mencionado con sorpresa por el Intendente municipal en varias oportunidades, y por el propio Gobernador, con lo cual formaba parte claramente de la agenda que incluía los análisis del equipo de la intervención».
En este sentido añadió que «cuando comenzamos a evaluar el vínculo contractual advertimos serias causales de nulidad, es decir, causas que afectan las condiciones de validez del contrato. Lo que implicó que el lunes 21 de julio iniciemos una acción civil para demandar su nulidad. Hay una causal en particular que involucra directamente a la conducta de los entonces responsables de la entidad, de los exconsejeros respecto a la posible comisión del delito de administración fraudulenta».
«Por administrar una entidad pública o privada, uno no tiene un cheque en blanco para administrarla, sino que se realiza en función de determinadas normas que determinan las facultades de los administradores. Y a medida que las decisiones son más complejas e involucran un mayor volumen económico, los consensos requeridos para su aprobación también son más exigentes», agregó.  
Asimismo, «en la figura de Administración Fraudulenta pedimos que se investigue además a la Comisión Fiscalizadora porque en todas y cada una de las irregularidades que encontramos nunca hubo participación de la Sindicatura advirtiendo las falencias que tenían cada una de las decisiones. Desde la firma del convenio hasta la intervención, pasaron más de seis meses sin que hubiera un solo acto de la Comisión de Fiscalización, advirtiendo irregularidad alguna».
Para poder lograr la demanda, se realizaron diversos análisis que generaron la demora en la interposición de la demanda, porque se tenía que justificar que el monto del contrato era superior al límite establecido por el Estatuto de la Cooperativa. «Hubo análisis internos del equipo económico de la Intervención que fueron corroborados por un auditor externo que también efectuó un dictamen del mismo», concluyó el letrado.