El dasnevismo concretó una denuncia penal por supuestos beneficios a empresas constructoras

Un decreto del 25 de abril estableció una nueva fórmula de redeterminación de precios en la obra pública. Desde el dasnevismo entienden que se intentó beneficiar a empresas constructoras con incrementos retroactivos a dos años que llegarían al 70%. En el Gobierno afirmaron que fue necesario el decreto porque el sector de la construcción quedó asfixiado por la anterior administración. A las 12:50 de ayer el abogado Diego Martínez Zapata formalizó en la Fiscalía de Rawson una denuncia por presunta administración infiel y administración fraudulenta contra el gobernador Buzzi y el ex ministro Castro. 

También la demanda recae contra el fiscal de Estado por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La demanda surge por el decreto del Ejecutivo del 25 de abril de este año, que modificó aquel del 2002 relacionado con el régimen de redeterminación de precios para la obra pública, con el que se buscó tener en cuenta la variación en el valor de los insumos (materiales, equipos intervinientes y hasta mano de obra).

Este nuevo decreto modificó la fórmula polinómica de actualización de precios haciéndolo retroactivo a dos años. Fueron empresarios de la construcción quienes alertaron de esta situación a Mario Das Neves y «esto fue puesto a estudio de nuestros asesores y comprobaron que era una transferencia de recursos muy importante al sector privado, y por eso derivó en esta denuncia», afirmó el diputado nacional en FM EL CHUBUT.

 Entendió que se trata junto con otras acciones del Gobierno de «una serie de maniobras que pueden perjudicar al erario público». Por su parte, el diputado provincial Jerónimo García afirmó que «esto significa pagar más obra pública» porque «lo hace retroactivo a dos años y ya se ha comprobado la fuerte cartelización de la obra pública». Además, consideró que a sabiendas del decreto del Gobierno con el nuevo sistema de reactualización de precios de la obra pública, «muchas empresas no piden el final de obra y siguen pagando el seguro de caución a la espera de esa redeterminación de la obra».

 Y agregó el diputado que «es un pingüe negocio para las empresas». Según los cálculos realizados por el dasnevismo, «de la actualización de valores, que por cada obra puede ser superior al 50% y en algunos casos nos da hasta el 70%, es decir que es casi como pagar dos veces una obra pública», subrayó el diputado García. 

EL GOBIERNO JUSTIFICO 

«La anterior gestión dejó al sector de la construcción asfixiado, sin posibilidad de recuperar su capital de trabajo», esgrimió como argumento el secretario de Infraestructura, Maximiliano López, para justificar el decreto que motivó la denuncia penal de Chubut Somos Todos. Afirmó el funcionario provincial que «el nuevo sistema de redeterminación de precios de las obras públicas es mucho más transparente y ágil que el que estuvo vigente durante toda la gestión anterior y, además, evita cualquier tipo de especulación particular». 

«La redeterminación de precios existió siempre y de hecho el decreto anterior, que llevaba el número 920, fue actualizado con el 458, que data de mayo de este año. El objetivo es evitar las especulaciones y no pone ninguna restricción a las empresas, sino que es un sistema que funciona en relación con obras, a partir justamente de presentaciones que las empresas hacen para actualizar sus costos, si consideran que quedaron de alguna manera desactualizados», añadió.