Fallo categórico en el caso Embrujo: condenaron a 10 de los 12 imputados

El presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, Alejandro Soñis; y los vocales Ricardo Rolón y Marcela Pérez emitieron un fallo categórico -y según los fiscales «ejemplar»- contra la mayoría de los acusados en la causa «Embrujo».
De esta manera, Diego Correa, Diego Luthers, Daniela Souza, Federico Gatica, Sandro Figueroa, Juan Carlos «Tato» Ramón, Natalia Mc Leod, Rubén Darío «Bedo» Reinoso, Christian Gisande y Jorge Godoy fueron encontrados penalmente responsables por distintos delitos.
Para los tres jueces se acreditó en forma acabada la conformación de una asociación ilícita para defraudar al Estado y en simultáneo enriquecerse con fondos espurio, hecho que obligó a la banda liderada por Correa a lavar activos con la finalidad de ocultar el origen del dinero. 
Los jueces absolvieron a Darío Domingo Correa y Giuliana Mc Leod, titulares de la empresa Sepat. En el juicio hubo elementos que involucraban a ambos, pero no fueron suficientes para probar los delitos. 
El jueves 10 de octubre a las 8 en la Oficina Judicial de Rawson se iniciará la audiencia para discutir las penas para cada uno de los 10 condenados por la causa Embrujo.

«IDEADA POR CORREA Y OBEDECIDA POR EL RESTO»

Los condenados por asociación ilícita fueron Correa, Luthers, Souza, Figueroa y Ramón; en tanto que el Tribunal absolvió a Natalia Mc Leod de este delito. 
El encargado de dar los detalles sobre la sentencia por el delito de asociación ilícita fue el juez Soñis. En la audiencia de ayer abrió el fallo en forma categórica argumentando que «se probó la convergencia de voluntades en esta asociación» y agregó que la misma «fue ideada y planificada por Diego Correa y ejecutada obedientemente por el resto de los imputados».
Soñis destacó que la asociación ilícita fue ejecutada a través de «tres empresas», en clara alusión a Dual Core, Sepat y Mezeta Consulting.
El presidente del Tribunal se despachó y dijo que Correa «ideó, planificó y llevó adelante acciones delictivas y complejas», mientras que el resto «participó para satisfacer estas necesidades».
Remarcó que Correa se valió de su experiencia en la función pública desde 2003 y hasta 2011 y a partir de 2015 «convocó a Luthers», a quien lo describió como «el brazo ejecutor y pieza clave en el entramado de la asociación ilícita». 
En torno a la participación de Souza en la asociación ilícita, señaló que «estuvo a cargo de toda la parte administrativa y de representación de las empresas y fue enlace con el resto de los integrantes de la asociación».
Con respecto al protagonismo de Ramón, el juez especificó que «fue clave en el entramado» porque era la persona que presentaba «presupuestos paralelos» a través de su empresa Concretando «intentando darle apariencia de competencia» a todo el proceso de adjudicación.
«Ramón no resultó ser un ingenuo empleado, por el contrario, tenía un conocimiento real de las verdaderas intenciones de la asociación».
Por otra parte, afirmó que Figueroa fue convocado por Correa y «actuó bajo sus órdenes, ocupando una oficina sin poseer cargo alguno».

«TODOS SE NUTRIERON Y SE BENEFICIARON»

Soñis subrayó en los argumentos que «todos los miembros se nutrieron y se beneficiaron de esta asociación» y resaltó que ésto «quedó en evidencia en el juicio a través de las pruebas».
Catalogó a la asociación ilícita como «una banda criminal» que adquirió «bienes con dinero espurio» y citó como ejemplo la amplia flota de vehículos y los terrenos y chacras en Trelew, Playa Unión, Rawson y Las Golondrinas.
En la misma tónica, deslizó que «todos conocían a cada uno de los integrantes de la asociación ilícita» y advirtió que Natalia Mc Leod «no formaba parte de esta asociación».

«LA MECANICA ERA OCULTAR LOS BIENES USANDO A OTROS»

La jueza Pérez de Puerto Madryn fue la encargada de brindar los detalles de la condena sobre el enriquecimiento ilícto por el que fueron encontrados responsables Correa, Natalia Mc Leod, Luthers, Souza y Godoy.
Pérez delineó la sentencia de enriquecimiento ilícito en el periodo diciembre de 2015 y marzo de 2018, momento en el que fueron detenidos los entonces imputados. Consideró que el crecimiento patrimonial desmedido de Correa se dio cuando el exgobernador Mario Das Neves asumió la tercera gestión al frente de la provincia del Chubut.
Puntualizó que Correa percibía un sueldo de $ 28.900 en diciembre de 2015 y al momento de la detención el salario llegaba a $ 42.000. Pérez hizo esta aclaración con el objetivo de demostrar la imposibilidad de adquirir vehículos, terrenos y empresas con una remuneración de estas características.
«Correa utilizó personas interpósitas para adquirir bienes» y dijo que un ejemplo claro «fue el de su pareja Natalia Mc Leod».
Además de los bienes, recordó que en la detención de Correa secuestraron 22.500 euros y encontraron una membresía en una cadena hotelera con sede en el Caribe.
«Su incremento patrimonial no encuentra justificación», dijo Pérez, quien graficó que el crecimiento patrimonial entre 2015 y 2018 «fue desmedido».
Asimismo, recalcó que Natalia Mc Leod dijo en su declaración que con sus ingresos adquirió una camioneta de alta gama por la suma de $ 750.000 y un terreno por $300.000, «números que exceden ampliamente su capacidad de ahorro».
Sin dudar y en sintonía con los alegatos de los fiscales, Pérez describió que la mecánica «era ocultar los bienes usando a otras personas» y citó como ejemplo de este ocultamiento «el proyecto construido en Playa Unión, que se trataba de una vivienda de grandes dimensiones junto a tres dúplex».
Sobre este último punto involucró al maestor mayor de obra, Jorge Godoy, al que le atribuyó «la prestación de colaboración para ocultar a su jefe Diego Correa».
Pérez hizo alusión a una conversación por WhatsApp entre Correa y Godoy, en donde el exsubsecretario de Unidad Gobernador aclara al maestro mayor de obra que «si te preguntan, no podés decir que la plata te la daba yo porque me vas a enterrar de cabeza».