Crecen los amparos judiciales de empleados públicos contra la Provincia para cobrar los sueldos adeudados

Ante la falta de respuestas del gobierno de Mariano Arcioni, cada vez más empleados públicos recurren a la vía judicial para cobrar los sueldos adeudados. El fallo favorable a la asesora de Familia de Trelew, Julia Laborda, quien cobró más de 1,3 millones de pesos, marcó el camino para que otros empleados públicos recurran a la Justicia para cobrar los sueldos.
Consultado por diario EL CHUBUT, el ministro del STJ Alejandro Panizzi, convalidó que ya hay «varios casos» similares en los que empleados judiciales litigaron en forma individual para cobrar sus haberes ante la falta de respuestas del gobierno.
Fuentes de Fontana 50 confirmaron a este diario que son 27 los amparos presentados hasta ahora contra el Estado provincial, y los equipos están trabajando en las apelaciones.
La resoluciones de estos casos están en manos de abogados conjueces del ámbito privado, ya que los jueces deben excusarse al ser parte interesada en los reclamos salariales. También hay trabajadores de otras reparticiones del Estado que están evaluando avanzar por la vía judicial.
Panizzi, quien también debe excusarse, convalidó que «lo que yo he visto son reclamos individuales, pero sí una cantidad que tiende a crecer de reclamos de gente que pide que le paguen el sueldo. Aquellos que salieron gananciosos en los pleitos están cobrando sus remuneraciones en tiempo y forma, y el resto no. El compañero de la oficina de al lado ve que su compañero cobra en tiempo».
El tema preocupa sobremanera al Gobierno provincial. Es que una escalada de juicios de empleados públicos contra el Estado podría tener consecuencias económicas imprevisibles. Incluso podrían complicar a los propios funcionarios que son responsables de cumplir con las mandas judiciales.
Al respecto, Panizzi ratificó que «el resultado de un pleito judical que obliga al Estado al cumplimiento de haberes podría traer consecuencias gravosas e incluso responsabilidades personales. Si hay una orden que no se cumple eso podría generar una responsabilidad en quien no la cumpla».

LA AMENAZA GREMIAL
Por su parte, el dirigente de Sitrajuch, José Luis Ronconi, ratificó que son varios los casos de empleados judiciales que fueron a la Justicia para cobrar los sueldos, y el dato favorable es que «le habilitan la vía en la primera instancia». «Cuando se habilita la vía los jueces tiene que apartarse del caso y lograr que trabajen conjueces que son abogados del sector privado que van a resolver la cuestión de fondo», explicó.
Ronconi dijo que por ahora el gremio se mantiene en su postura de intentar dialogar con el gobierno de Arcioni y con la cúpula del Poder Judicial, pero aún así justificó los reclamos individuales y no descartó eventualmente litigar en forma colectiva en caso de no haber soluciones.
«No podemos rechazar que un trabajador ejercite su derecho a cobrar por la vía legal que corresponde. Nosotros por ahora buscamos la cuestión colectiva, que se resuelva para todos, aunque podría plantearse una acción pluri individual y presentar todos el mismo amparo. El derecho existe pero buscamos que el Estado entienda que esa vía es gravosa y proponga una salida colectiva», concluyó Ronconi.