Cáceres pidió a Maderna que interceda para regular los costos de la VTV
El concejal de la UCR, Rubén Cáceres, cuestionó que en Trelew los vecinos pagan 4000 pesos para hacer la Verificación Técnica Vehicular, mientras que en otras provincias como Río Negro cuesta 1600 pesos y en Capital Federal con el último aumento llegó a 2.665 pesos.
por REDACCIÓN CHUBUT 03/02/2021 - 00.00.hs
El Municipio en lugar de defender a sus ciudadanos en un contexto de crisis, anuncia estrictos controles garantizando los ingresos de la empresa prestadora del servicio», dijo Cáceres al referirse a la decisión de la gestión de Adrián Maderna de exigir la VTV en los controles vehiculares en la ciudad desde el 1º de marzo.
Cáceres sostuvo que la Municipalidad tiene la potestad de fijar «tarifas razonables» que regulan el costo de la Verificación Técnica Vehicular de acuerdo con la legislación vigente. «Es una potestad del Municipio de acuerdo a la normativa vigente y convenios celebrados con Provincia en su oportunidad, y debe ejercerla cuanto antes», dijo el edil radical.
Cáceres aclaró que «no se trata de perjudicar a la empresa prestadora del servicio, pero en un contexto socio económico tan grave como el actual es más importante que nunca que las tarifas sean razonables y se contemplen las posibilidades de los vecinos».
EL CONVENIO
Cáceres indicó que «desde el 2005 Trelew y toda la zona están atadas a un convenio con Ricardo Jaime, el entonces Secretario de Transporte de la Nación, condenado por causas de corrupción, que fue suscripto por el gobierno provincial a instancias del gobierno municipal y ratificado por Ordenanza Nø 9410 del Concejo Deliberante, por el cual la revisión técnica de los vehículos particulares y de transporte local quedaron a cargo del Taller Nacional ubicado en el acceso norte, sobre Ruta Nacional Nø 3».
El concejal cuestionó que «ese convenio, que era por seis meses originariamente, hasta que la Provincia y Municipio implementaran su sistema propio, se sigue aplicando hasta hoy después de 15 años, e implicó la pérdida de las facultades locales para fijar y controlar las tarifas que se le cobran a los usuarios».
Por último, Cáceres explicó que ese convenio prevé que el 30 por ciento de la recaudación de esos trámites iba para la jurisdicción local, y además «el municipio y la provincia tienen que renunciar si es necesario a ese porcentaje para bajar las tarifas», concluyó.
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