Martínez Holley dijo que es «un nuevo golpe» a la Comuna

Martínez Holley recalcó que «da bronca e impotencia», ya que «venimos heredando graves problemas desde hace muchos años, y puntualmente esto comenzó en 2013».
El edil puntualizó que la medida judicial que dictó la Cámara en lo Civil y Comercial de Trelew, a partir del embargo por 106 millones de pesos a las cuentas del municipio capitalino, afecta «al municipio, a uno como equipo de gestión, al vecino que está preocupado, y a los empleados».
 
«ES UNA BOMBA QUE DEJARON ACTIVADA»

Martínez Holley recordó que «esto lo venimos diciendo desde la gestión anterior cuando el edil (MC) Dulio Monti, pedía saber qué hacían o pasaba cuando se tomaban decisiones inconsultas o se llevaban a cabo acciones que solamente conocían dos o tres del Gobierno municipal de aquel entonces (Rossana Artero), y que sabíamos que a mediano y largo plazo iban a traer consecuencias».
«Lamentablemente en política, las bombas que algunos dejan activadas las pagan otros, son 106 millones de pesos que no son fáciles para ninguna administración de la provincia, y en Rawson es más aguda porque sabemos que financieramente siempre hay que estar buscando herramientas para poder sostener los servicios, ser solvente y sustentarse», señaló el concejal.
Y dijo que ahora, a partir de la abultada suma del reclamo judicial que deberá afrontar el Ejecutivo «nos obliga a repensar el esquema financiero y a analizar decisiones en pos de sostener los servicios que brinda el municipio».  
 
DE DIQUE-PUENTE A PUENTE

Martínez Holley relató que «esta situación se inició en el 2013, en aquel entonces el Gobierno nacional estaba presidido por Cristina Fernández de Kirchner, y en el ámbito municipal, la exintendente Rossana Artero, Rawson obtiene fondos por alrededor de 15 millones de pesos para la construcción de un dique-puente, que en un primer momento fueron destinados técnicamente a la obra, pero se armó una maraña financiera por la cual terminaron, de manera inconsulta, en un plazo fijo, y se tomó la decisión de que termine siendo un puente».
«Luego, la obra se realizó, a las apuradas, con reclamos en el medio de parte de la empresa que después inició el juicio, se inauguró en 2017, y se empieza a utilizar 76 días después, claramente hubo un apuro para habilitarlo», indicó Martínez Holley.
También recordó que luego, en 2018, la exintendente Rossana Artero, mediante resolución inconsulta que era su forma de gobernar, se acepta la redeterminación de precios que es la que hoy reclama la empresa, eso nunca se pagó, y después de agotar todas las vías administrativas, empezó el reclamo judicial».
 El reclamo judicial «es consecuencia de una horrible decisión adoptada de parte de aquel gobierno (presidido por la ingeniera Artero, quien hoy ocupa una banca en la Legislatura provincial) y que no compartimos en absoluto».
«Cuando nos toca empezar a gobernar (a fines de diciembre del 2019) estaban prácticamente todas las instancias perdidas, es muy difícil, el Estado es uno solo independientemente de quien lo gobierne, y ahora 10 años después tenemos las consecuencias de estas pésimas decisiones, y lamentablemente es una nueva situación que nos toca asumir», señaló el edil.
 
POSIBLES INSTANCIAS JUDICIALES

Además, Martínez Holley señaló que «se analizará jurídicamente, no lo puedo decir a prima facie, porque uno debe ser responsable de sus actos, y lo que no puede decir es la impunidad de que no pase nada, y hoy nos toca asumir una nueva situación que nos pone en jaque, y cuando estamos permanentemente de sacar la cabeza a flote». Y amplió que «la preocupación la tenemos, lo estamos analizando, más que nada porque hay que garantizar servicios a la comunidad, pero también porque no puede ser que nuevamente tengamos este tipo de golpe que nos afecta a todos los rawsenses».
El edil subrayó que «como rawsense no espero ni las disculpas», pero que hoy prima «la responsabilidad para tratar de llegar a un entendimiento, seguramente en las próximas horas habrá novedades, es lo que todos queremos, pero lo que no puede seguir pasando esto a consecuencia de decisiones bochornosas, la comunidad en ese momento, porque éramos minoría, no pudo escuchar lo que algunos advertíamos, y hoy lo estamos pagando».