Cereseto: «Estoy convencido de que fue un apriete»

Sin embargo, el gremio se despegó de la acusación y repudió el hecho, advirtiendo que sus integrantes «nada tienen que ver con el delito».
En diálogo con medios nacionales, Cereseto expresó: «Están muy preocupados los sindicalistas, que han intentado por todos los medios que retire la denuncia. Les digo que no voy a hacer nada, que se encargue la Justicia, para mí esto es un mensaje intimidatorio con el que buscan amenazarme para que no siga con la causa. Estoy convencido de que fue un apriete». Las declaraciones del empresario se relacionan con los cinco allanamientos realizados por la Policía el mes pasado, en relación a una denuncia por extorsión hacia el gremio de los estibadores. Dicha causa tramita en la fiscalía general de Rawson, que encabeza Florencia Gómez.
Sobre el incendio de su vehículo particular, ocasionado por una bomba molotov, Cereseto relató que «estas personas se acercaron a pie y se dirigieron directo a mi camioneta. No andaban caminando por la calle y se les ocurrió allí prenderle fuego, no: todo fue direccionado y, cuando llegaron los bomberos, ya no había nada más que hacer».
En este sentido, el empresario de la pesca relacionó el conflicto mantenido con el gremio, a las últimas elecciones en las que el mismo renovó sus autoridades, en 2023, luego de 12 años de la administración anterior. «Desde entonces (el sindicato) empezó a maltratarnos, enfrentarnos y extorsionarnos. Nos pedían plata para poder trabajar. Les dijimos que no y nos cortaron el servicio, alegando cuestiones laborales. Fuimos con un escribano, hicimos todo el trabajo que teníamos que hacer para constatar que nos impedían trabajar. También hicimos la denuncia penal en el Ministerio Público de Rawson, pagamos las coimas pretendidas por ellos, por transferencia bancaria a sus cuentas. Estuvimos durante dos meses pagando, bajo ‘apriete’ y las pretensiones de la comisión directiva», precisó.

«ME PREOCUPA EL MENSAJE»
Frente al conflicto mantenido con el gremio, la Fiscalía local había una medida de restricción de acercamiento por el plazo de dos meses, que se venció en diciembre. «La situación se tornó difícil porque están denunciados por extorsión y amenazas, es un cuadro de tipo penal grave con el que tengo que convivir laboralmente, porque para tener estibadores le tengo que pedir la gente a ellos. Es una convivencia conflictiva, porque saben que tienen una causa penal grave», relató Cereseto en relación al delito encuadrado en el artículo 168 del Código Penal, que impone una pena mínima de cinco años de prisión y una máxima de diez.
«Lo único que pasó de distinto al resto de las últimas semanas últimas es que les llegó la notificación de audiencia para esta semana. Saben a lo que se están enfrentando. Sé que tengo que seguir avanzando en lo que decidí hacer en septiembre con la denuncia. Confío en que la Justicia tiene que hacer algo. Esto cruzó todos los límites, no me preocupa la camioneta porque tiene seguro, sino el mensaje que dejaron con esto. En la casa estaban mi mujer y mis hijos, que son chicos, y esto a uno le genera temores, fantasmas respecto de lo que son capaces de hacer», lamentó Cereseto.