Los sindicalistas del Supa imputados por extorsión recuperaron la libertad

«Son investigados por los delitos de amenazas y extorsión contra seis empresarios de empresas de estibaje. La fiscalía había solicitado la prisión preventiva en un centro de detención, pero los argumentos expuestos en la larga audiencia fueron rechazados por la magistrada (Karina Breckle), que consideró que no existe entorpecimiento de la investigación y que el Ministerio Público Fiscal no presentó medidas coercitivas en tiempo procesal oportuno, además de otros argumentos», indicó el parte de la Fiscalía.

AUDIENCIA «MULTIPROPOSITO»
Asimismo, se informó que los fiscales Florencia Gómez y Leonardo Cheuquemán «pidieron la prohibición de acercamiento de los imputados a los denunciantes, sus familias, sus domicilios, sus bienes, empresas y lugares habituales de trabajo» y que «la resolución de la jueza de garantías de Rawson, fue el corolario de una audiencia ‘multipropósito’ iniciada el pasado viernes y que concluyó en la mañana de este sábado, luego de haberse dispuesto un cuarto intermedio para que la magistrada analice su resolución, tras el pedido de los fiscales investigadores para que los imputados sigan con la prisión preventiva en un centro de detención».

SIGUE LA CAUSA
«Se investiga a la conducción del Supa integrada por Alexis Gutiérrez, Claudio Villarroel, Bruno Vera, José Zambrano y Juan Carlos Inaleff por presuntamente haber extorsionado y exigido dinero a empresarios pesqueros chubutenses entre los meses agosto y septiembre del 2023, a cambio de no interrumpir la actividad portuaria con medidas de fuerza que llevaban adelante a través del gremio.

Contra el vocal Cristian Pérez fue rechazado el pedido de apertura de investigación en su contra. Los denunciantes son propietarios de empresas de estibaje que utilizan mano de obra afiliada a ese gremio, para la carga y descarga de los barcos pesqueros. Se trata de Raúl Cereseto, Rafael Suárez, Ezequiel Jaroslavsky, Sergio Pantano, Luis Santander y Oscar Aravales.

Las medidas resueltas por la jueza Breckle se extenderán por el plazo de cinco meses, tiempo en el que los fiscales deberán haber concluido con la investigación», concluyó el comunicado del Ministerio Público Fiscal.