Avanza la investigación sobre una decena de cooperativas por falta de rendición: Casi todas compraban insumos a la misma empresa
Luego de que la Oficina Anticorrupción de Chubut denunciara a una cooperativa de trabajo Trelew por falta de rendición de subsidios provinciales y presentación de facturas fraguadas, el fiscal a cargo de dicha área, Diego Carmona, se refirió al caso de otras diez entidades que se encontrarían en una situación similar.
por REDACCIÓN CHUBUT 11/06/2024 - 00.00.hs
En diálogo en el programa Media Mañana, que se emite a través de la pantalla de Canal 7, el funcionario advirtió que las personas sobre las que recayó la denuncia son la tesorera y la secretaria, quienes habían tramitado el millonario subsidio cuya devolución dejo expuestas incongruencias entre las facturas de entrega de mercadería y los comprobantes de pago por la misma, que no se condecían con los registros bancarios. Otro aspecto no menor, al cual el funcionario aún no hizo referencia en el marco de la investigación que lleva adelante la Oficina Anticorrupción, es la presunta connivencia de funcionarios provinciales de la Secretaría de Trabajo que se desempeñaban durante la gestión de Mariano Arcioni, y que podrían estar implicados en un esquema de «retornos» ligado a los pedidos de subsidios de las cooperativas.
FACTURAS FRAGUADAS
Al respecto, Carmona explicó que «hace aproximadamente dos meses que venimos trabajando, junto con el Tribunal de Cuentas, el cual nos elevó una serie de expedientes ligados a presuntas irregularidades y alertas en la rendición de subsidios; nos trasladaron unos 10 a 15 expedientes de distintas cooperativas vinculadas a esta problemática» y precisó que «esta fue la primera denuncia que hicimos; en estos casos, los subsidios de la mayoría de las entidades están vinculados al fortalecimiento institucional y la recuperación de empleo, por eso eran otorgados a través de la Secretaría de Trabajo».
En cuanto a la primera cooperativa investigada, de la ciudad de Trelew, la misma «presentó un proyecto y un pedido de subsidio a los fines de adquirir una serie de herramientas, a los fines de desarrollar ese proyecto productivo; cuando se le entregó el subsidio, el beneficiario tiene la obligación de, a los treinta días, gastarlo en lo que dice que iba a gastar, y posteriormente cuenta con 60 días para rendirlo ante el Tribunal de Cuentas».
«Si la compra no se hace dentro de esos 30 días, el dinero se tiene que devolver; es decir que hay un plazo para comprar y otro para rendir. Cuando rindieron, presentaron unas facturas que justificaría el importe otorgado, y el Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en las mismas, por lo que nos lo remitió a nosotros», apuntó el funcionario.
MODUS OPERANDI
A su vez, Carmona detalló: «Detectamos que las facturas habían sido adulteradas, y además está el hecho de que la factura es un comprobante de entrega de mercadería, no un comprobante de pago; entonces, nosotros seguimos la línea de cómo se habían efectuado los pagos, y la cooperativa presentó movimientos bancarios de su propia cuenta, pero detectamos inconsistencias y le pedimos al Banco del Chubut que nos girara los movimientos de esa cuenta, los cuales finalmente no se correspondían con los comprobantes que se habían presentado».
«Es decir», aclaró el fiscal, «que también habían falsificado la documentación que respaldaría el modo de pago». El delito en cuestión sería «falsificación o adulteración de documentos públicos, con el fin de estafar al Estado, que les había otorgado dinero para un fin específico», puntualizó.
LA OA SERIA QUERELLANTE
«Una vez que llegamos hasta el lugar donde podíamos avanzar con la investigación, entendimos que ya estaban acreditados los elementos para hacer la denuncia penal, referida particularmente a la tesorera y a la secretaria de esa cooperativa, que habían sido quienes presentaron la documentación adulterada. Eventualmente, en una apertura de investigación, nosotros (por la Oficina Anticorrupción) nos podremos acoplar al Ministerio Público Fiscal como querellantes», planteó Carmona.
«Es un grupo de aproximadamente 10 cooperativas, sobre las cuales el Tribunal de Cuentas nos alertó que pertenecen a distintas ciudades, entre ellas Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, y todas le compran a una empresa en Rawson», señaló el fiscal a cargo de la Oficina Anticorrupción, agregando que «en algunos casos la documentación que quieren rendir está bien; en otros lo está, pero todavía nos queda un camino por recorrer en cuanto a la trazabilidad del dinero y otros elementos, a fines de determinar si esa única empresa efectivamente entregó lo que correspondía, o si solamente se trata de una casualidad de que esa era la empresa que vendía».
TRABAJO EN TERRENO
El funcionario anticipó que «vamos a ir a constatar en los lugares la existencia de las herramientas, de la maquinaria que justificaba el subsidio, la existencia misma de la cooperativa, su funcionamiento, la existencia de la empresa proveedora, las transferencias económicas; vamos a hacer toda la investigación hasta establecer si hay alguna matriz que se repite, o bien si son situaciones aisladas donde cada una merece atención en particular».
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