Hay al menos tres sospechosos por la causa «Tierra Arrasada» que investiga venta clandestina de áridos en la gestión Maderna

La investigación inició luego de que se detectara que vehículos particulares extraían áridos de terrenos municipales. Las averiguaciones llegaron hasta la identificación de tres personas, cuya identidad aún no ha trascendido públicamente, pero que estarían relacionadas con la gestión del intendente Adrián Maderna y pertenecerían al sector privado. Entre dichas personas habría un empresario, propietario de las máquinas que extraían el material. La causa se suma a «Pollos de Papel» como otra de las surgidas a partir de presuntos hechos de corrupción que habrían tenido lugar durante la gestión municipal anterior.
El fiscal a cargo de los procedimientos explicó que se investiga puntualmente a tres personas, en el marco de un negocio millonario en el que los áridos eran comercializados -de acuerdo al expediente- a un 40 por ciento menos de su valor de mercado. También, el funcionario judicial confirmó que se investiga a una inmobiliaria, que adquiría dichos áridos para un loteo particular. 

TRES INVESTIGADOS
«Recabamos declaraciones testimoniales y se pudo sindicar a 3 personas como quienes manejaban la cantera ilegal desde el 2021», declaró el fiscal general, Gustavo Núñez a FM EL CHUBUT.
Cabe recordar que los terrenos donde se extraían los áridos son en el acceso norte de Trelew detrás de la estación de servicio Mica.

BUSQUEDA DE PRUEBAS 
En las diligencias, se buscaron facturas, asientos contables y remitos relacionados con los áridos. Además, se solicitó una orden de presentación a una inmobiliaria de Trelew. «Compraba los áridos para un loteo particular», precisó Núñez respecto del comercio.
Según la información recabada hasta el momento, se estima que el movimiento de áridos se habría hecho durante casi cuatro años -durante la gestión del exintendente Adrián Maderna- donde se trasladaron entre 5 mil y 6 mil bateas, que eran vendidas a un 40% del costo del mercado, generando un millonario negocio clandestino.
Hoy en día, una batea rondaria los 100 mil pesos. Por lo que, además de ser un perjuicio ambiental, también lo es en lo económico. Las personas sindicadas, de acuerdo a lo indicado por fuentes del caso, no habrían sido funcionarios durante la anterior gestión municipal, sino que se trataría de privados y, en uno de los casos, de un empresario local.