La jueza dijo que su remoción se dio por «facultades no reglamentadas»

Después del debate en Comodoro, Arcuri confirmó que el Consejo de la Magistratura resolvió «exhortar al Superior Tribunal de Justicia a revisar la reglamentación en materia de designación para los jueces de ejecución. Los jueces penales cumplimos diversas tareas, ya sea, de garantías en etapas preparatorias, en el juicio y de ejecución. Y esta última función rota anualmente».
«Esta designación -continuó- se hace mediante selección a través del Colegio de Jueces local -en este caso circunscripción Comodoro Rivadavia-; lo que sucedió acá es que un coordinador de Ejecución Penal se arrogó facultades adicionales que no están reglamentadas para removerme un mes antes de la función, en virtud de una nota presentada por el subsecretario de Justicia. Y esto afecta el principio de juez natural y la independencia judicial interna y externa; está última porque es a pedido del Ejecutivo, e interna porque fue el propio Poder Judicial que se hizo eco de ese pedido del Gobierno para removerme en la función». 
En este contexto, «esto tiene que ver con que, entienden, en mi carácter de juez tomé decisiones vinculadas a condiciones de detención que afectarían, supuestamente, cuestiones presupuestarias y financieras. Esas decisiones nunca fueron recurridas. En este aspecto, el Ejecutivo tiene un fiscal de Estado, puede venir y plantear que esa decisión que adopté no es cumplible en esta etapa, podría ser incorporada a presupuesto o decirme que se puede cumplir en cualquier plazo porque no tengo los medios suficientes». 
«Ahora todo dependerá del Superior Tribunal de Justicia y cómo reverá esta reglamentación, junto a otras cuestiones», culminó la jueza.