Servicios públicos, cargos fijos y fondos especiales

En las últimas décadas surgió en el ámbito de los servicios públicos, en particular en el sector de la energía eléctrica, una tendencia perniciosa que se ha mantenido hasta estos días, de crear fondos especiales y cargos fijos específicos, sobre los consumos de los suministros, cargados por supuesto, a los costos de las facturas de los usuarios en general.
Nuestra provincia no ha estado apartada de este fenómeno, y a los fondos que se crearon desde el ámbito nacional, a los que Chubut adhirió, ha sumado algunos de propia iniciativa. Así, sucesivamente se crearon en los diferentes ámbitos, y hemos pagado o estamos pagando El Fondo Nacional de la Energía, el cargo fijo adicional para infraestructura, el fondo para el desarrollo de la energía, el fondo de emergencia operativa, el fondo compensador de tarifas eléctricas,    el fondo argentino de eficiencia energética, el fondo de obras de distribución eléctrica, el fondo del transporte eléctrico, el fondo fiduciario para el transporte eléctrico federal y algunos más que seguramente se me han «escapado» en el repaso del tema.
Como digo, nuestra provincia y las restantes del sistema federal, no han estado ausentes a la hora de crear a su vez, otros fondos, cargos y tributos, y también hay por supuesto, municipios que sumaron, su cuota parte. A su vez, estas recaudaciones, se redistribuyen para el funcionamiento de otros fondos y de organismos como los ENRE nacional, el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, en fin, una trama de aportes y disposición de fondos que no se sabe bien, quién, cuándo y cómo se controlan.
En Chubut, el Ente Regulador de servicios públicos, escribió párrafos que voy a tomar, porque descubren una de las consecuencias de este permanente accionar y están documentados así... «Que si el propio Estado esquiva el procedimiento que implica la definición de una metodología tarifaria apropiada y establece, con cargo a los usuarios, fondos o similares para remunerar costos que debieran formar parte de la tarifa, está vulnerando los principios que se le exige tutelar e incumpliendo con el mandato constitucional»; ...Que en esta lógica, expresa Pérez Hualde, Alejandro, «Control judicial de las tarifas de servicios públicos»... que la tarifa debe cumplir su rol social y constituirse en vehículo a través de la cual las autoridades mencionadas en el artículo 42do de la Constitución Nacional, garantizan la prestación del servicio público en las condiciones allí establecidas. «Que con miras a avanzar hacia la determinación de una metodología tarifaria apropiada, este Ente Regulador considera que debiera cesar de manera definitiva la práctica a la que han acudido las distribuidoras desde hace años, consistente en incluir en la facturación tasas, cánones o fondos destinados a financiar gastos de operación, mantenimiento e inversiones -siendo el FODE un claro ejemplo-, evadiendo así la falta de aprobación de actualizaciones tarifarias por parte delos concejos deliberantes municipales; Que resulta imprescindible que el Estado provincial, ejerciendo el mandato constitucional establecido como poder concedente originario del servicio público de energía eléctrica, ordene y sistematice el marco normativo requerido, para lograr, además, concretar en adecuadas legales metodologías tarifarias la adhesión efectuada oportunamente a los principios establecidos en la normativa nacional». El Ente Regulador Provincial no practicó, en hechos, estas y otras declaraciones en torno a tarifas y servicios regulados, tampoco la provincia, ni los municipios. A esto me refiero, cuando califico la situación de Chubut, como diáspora tarifaria, donde la dispersión ha sido acentuada con estas prácticas, provocando la existencia de innumerables cuadros con tarifas diferentes, para una misma o equivalente cantidad y categoría de consumo o lo que es peor, profundizando los aborrecibles subsidios cruzados entre categorías de usuarios y distintos servicios. Mucha letra y poca acción.