Servicios Públicos y Educación Cooperativa

«La ley Nro 16.583 de 1964, promulgada y reglamentada por el presidente Arturo Illia, declaró de alto interés nacional la enseñanza teórico-práctica del cooperativismo en todo el país. No obstante, los avances logrados, las marchas, y retrocesos producidos especialmente durante los períodos de gobiernos militares, hoy, podemos afirmar, que el cumplimiento del artículo 90, de la ley Nro 26.206, de Educación Nacional, en buena medida, constituye una asignatura pendiente.

No ha existido la suficiente voluntad política por parte de las autoridades educativas tanto en el orden nacional, como en la mayoría de las provincias argentinas, para impulsar la educación cooperativa en las aulas, y el cooperativismo escolar, formando a su vez a los docentes, para que estos puedan transmitir a los alumnos, los valores, los principios, y la doctrina de la cooperación. Las leyes se dictan para ser cumplidas. Después de 8 años, no existen más excusas para dar estricto cumplimiento al artículo 90, de la ley de educación nacional».

Así se pronunciaba en el año 2015, Héctor Polino quien fuera diputado nacional y secretario de Acción Cooperativa de la Nación.
En Chubut, mucho antes, en el Gobierno de Jorge Galina se promulgo la LEY VIII - Nro 7 (texto original de la Ley 340) que reza en su primer artículo: «Declárese obligatoria en la Provincia, la enseñanza teórico-práctica del Cooperativismo en todas las escuelas dependientes del Ministerio de Educación y en todos los institutos de enseñanza, cualquiera sea su categoría que se crearen en lo sucesivo, como asimismo en todos los organismos de carácter educacional destinados a la promoción cultural del pueblo»,

En su Artículo 3ro, expresaba que el Estado provincial a su vez, promoverá por los medios que juzgue más idóneo a su alcance, la educación popular cooperativista con la finalidad de generalizarla entre todos los sectores de la población. Esta fue quizá, la primera ley de este tipo entre todas las provincias de la Nación. Cabe comentar que, ambas leyes se encuentran vigentes, y también vigente, absoluta y notoriamente, su incumplimiento. 

En este tiempo, hemos repasado desde esta columna precisamente, y varias veces, este tema del incumplimiento de leyes, decretos, reglamentaciones, acuerdos y convenios, que se relacionan particularmente, con las cooperativas de servicios públicos  que, en suma, terminaron por generar  un espacio pernicioso,  donde se actúa con irresponsabilidad y desapego, en primer lugar, con los principios y valores del cooperativismo, permitiendo ingresar a estas importantes empresas, a personas sin ningún compromiso frente a la masa de consumidores asociados, que acceden a la dirección de las mismas, ignorando la esencia de estas organizaciones, desconociendo su funcionamiento  y no pocas veces, despreciando los conocimientos técnicos , basta ver tan solo, la poca importancia que le dieron durante años a la participación, a la información, a la obligación de rendir cuentas y la falta de respeto que han mostrado con sus propias normas estatutarias.

Todo sucede sin controles y sin ninguna consecuencia. Las pruebas son evidentes, las cooperativas de Chubut están devastadas institucional y patrimonialmente, intervenidas, cruzadas por denuncias, bajo sospechas de todo tipo, sin apoyo y aprobación social. 

La visión grande de los que fundaron constitucionalmente esta provincia, se ha visto también aquí frustrada, este es un ejemplo contundente, y no hay muestras claras, por parte de los propios actores del sector, las autoridades y el mundo educativo, de cumplir con esta ley que seguramente desconocen y estimo que, de haberse cumplido, podría haber preparado mejores dirigentes que al menos, contaran con una buena formación cooperativa, para tener un mejor criterio en la gestión empresarial y social de los servicios. 

Entre tanta política de campaña, acuerdos, convenios, veedurías e intervenciones de corto alcance y discutibles en varios aspectos, más una notable falta de planificación, se ha tornado ineludible, determinar rápida y claramente, si vale la pena ahora, remontar esta deuda en la formación educativa para el sector, e intentar la reforma urgente e imprescindible del cooperativismo de servicios públicos, o encauzar decididamente los esfuerzos de otra manera, con otras alternativas y otras propuestas, para no continuar profundizando el deterioro constante con esta forma de gestionar los servicios, que muestra indudablemente, el agotamiento de un modelo y una época, que  generó enormes desajustes en los costos de distribución, insolvencia general con grandes deudas y pérdidas para los usuarios consumidores.