Servicios públicos, concesiones y ente regulador

Uno de los grandes temas de la provincia de Chubut, es la situación general de los servicios públicos, y los contratos de concesión de las diferentes distribuidoras. Estos convenios y contratos -algunos finalizados- representan la más persistente muestra del desorden y la falta de una política integral, que unifique criterios, propenda a salvaguardar los intereses de los usuarios principalmente y, lo que es más importante, que obligue claramente, a cumplir las leyes vigentes en esta materia.

Hace un tiempo el Ente Regulador provincial expresaba al respecto: «Resulta conveniente hacer hincapié en que, casi en todas las localidades de la Provincia, la prestación del servicio público de energía eléctrica (y de agua potable y desagües cloacales también), se lleva a cabo mediante acuerdos entre las municipalidades y las distribuidoras cooperativas, no formalizados en la mayoría de los casos en Contratos de Concesión. Asimismo, las tarifas que se aplican en cada localidad resultan determinadas sobre parámetros diferentes, afectando el principio de equidad que exige que a usuarios en las mismas condiciones les corresponde abonar iguales tarifas, sin importar el lugar geográfico de residencia.

A su vez tales tarifas se fijan, como se explicó, transgrediendo lo dispuesto en las normas respecto a la metodología a aplicar para determinarlas, que bajo ninguna circunstancia comprende la autodeterminación tarifaria, existiendo o no consentimiento legal para ello, otorgado por el Poder Concedente Municipal».

Este dictamen del Ente Regulador, describía la situación que estamos analizando actualmente, que sigue agravándose como consecuencia de nuevas disposiciones legales, como el Decreto 267 que prohíbe incluir conceptos extraños a los que el usuario contrata con las proveedoras de servicios y otras, como continuar el irregular cobro del Fondo Emergencia Operativa (FEO) de la ley I 539, algunas tasas municipales y retenciones según la ciudad, que no hacen más que complicar la facturación y cobro de los servicios públicos.

Ya he cuestionado desde esta columna, la posición cómoda de los municipios de «cortar camino» utilizando, con un doble estándar de conducta, la facturación y cobranza de las cooperativas, para apalancar su propia liquidez, con la fácil decisión de delegar, cobranzas de propia gestión, y permitir con o sin ordenanza inclusive, cobranzas de clubes, cooperadoras y otros conceptos, que no son cuestionables por su objetivo y necesarios inclusive como servicio pero, el resultado es este, que todo ha terminado por complicarse, dentro de este marco general de contratos de concesión que no están adecuadamente actualizados y adaptados a normas fundamentales, como por ejemplo, leyes provinciales de marcos regulatorios, la Ley de Defensa del Consumidor, el respeto y aplicación de fallos de la SCJ de la Nación y otras disposiciones de público conocimiento. Hasta ahora, la actuación del Ente Regulador provincial, en este contexto, y según los propios fundamentos y graves motivos de su intervención, ha decepcionado a los usuarios que debe proteger.

Este organismo tiene que actuar más decisivamente en estas cuestiones e irregularidades, dejar de lado esta posición de «predica, pero no practica» porque la ley le impone obligaciones y lo legitima claramente cuando establece ...»1.5) Proponer ante los tribunales competentes acciones civiles o penales, incluyendo medidas cautelares, para asegurar el cumplimiento de sus funciones y de los fines de los Marcos Regulatorios de Energía Eléctrica -LEY I Nro 191 (Antes Ley 4312)- y de Agua Potable y Desagües Cloacales -LEY I Nro 189 Antes Ley 4291-, su reglamentación y los contratos de concesión». 

El Gobierno provincial a través de este y los demás organismos responsables, debe realizar un trabajo coordinado con los municipios, obtener las adhesiones o convenios necesarios y encarar de una vez este tema, como un serio problema de toda la provincia que necesita ordenarse, para que no sucedan estas cosas, que el organismo regulador ha detectado, comenta e interpreta, y pasar del diagnóstico y la oficina, a una presencia y acción más notoria, buscar una solución que abarque a todos los municipios para salvaguardar fundamentalmente a los usuarios. 

Ya han pasado muchos años de firmar acuerdos y actas donde se asumen obligaciones sobre controles, creación de fondos de todo tipo, estudios de tarifas de referencia y VAD nunca concretados, se repasan roles de cada una de las partes, concedentes y concesionarias, se forman comisiones y consejos consultivos, pero la realidad irrebatible, muestra que casi nada se cumple, se ha extendido el desorden general y el descontrol tarifario se ha acentuado, los subsidios cruzados se han profundizado, y no hay una planificación para afrontar el futuro inmediato.

Las autoridades responsables de los servicios públicos, empezando por la Intervención del Ente Regulador, tienen que tomar medidas para un  plan de acción inmediato, para controlar y mejorar esta situación, y que los usuarios de Chubut puedan percibirlo efectivamente, para debatir hacia dónde y de qué manera, se pretende llevar adelante la prestación de los servicios públicos de toda la provincia.