El empresario denunciado por Solís dijo que fue «difamado» y desmentirá acusaciones en Fiscalía

El empresario de la construcción, Conrado Torne Cayo, denunciado por la concejala de Juntos por el Cambio, Claudia Solís, en una causa por presunta administración fraudulenta junto a exautoridades de la Cooperativa Eléctrica entre marzo de 2022 y julio de 2023, recurrirá a la Justicia para desmentir las acusaciones, al considerar que se sintió «difamado». Explicó que «fue ensuciado sin sentido» y que la presentación de la edil lo perjudicó en lo laboral y personal. 
Dos días después de la presentación de la legisladora, el responsable de la empresa hizo su descargo público en LU20, donde además aportó documental para clarificar las acusaciones comprendidas en el expediente que ya tramita en la Justicia.
Ante la emisora, Conrado Torne expuso que lo señalado en la causa «es una difamación» que pretende «ensuciar al dirigente político Emanuel Coliñir», utilizándolo a él como excusa por haber sido parte de su lista de concejales. Solís incluye en la denuncia al presidente de la entidad en aquel entonces, Jorge Lincheo.
En la presentación, la concejala había escrito que la Cooperativa contrató a la empresa para reparación de veredas en varios sectores de la ciudad, sin embargo, «pese a la disponibilidad de esos fondos», los trabajos «jamás se realizaron». Y que «existen serias sospechas de que los fondos podrían haber sido desviados para financiar actividades de campaña electoral local».
Solís incluyó en ese expediente que la situación afecta directamente a la entidad, que atraviesa una crisis institucional y económica. «Esto afecta al patrimonio de la entidad, a la confianza de los vecinos y al interés públicos. Son fondos que se pagaron y nunca se aplicaron a las obras que necesitaba la cuidad», expresó.
También apuntó que «se vislumbra un esquema claro de simulación de contrataciones: se confeccionaron facturas, emitieron órdenes de compra, dispusieron pagos con fondos de la Cooperativa y, finalmente, no se ejecutó ninguna obra. Este accionar sin dudas podría encuadrarse en delitos contra la administración pública».
Frente a todo lo que se dispuso en la Justicia, Torne remitió las facturas para aclarar el alcance de la denuncia. A la emisora recordó que «es un trabajador independiente, no una empresa constructora, y que factura con su nombre propio y no de una sociedad anónima».
Expresó que la acusación «infundada lo perjudica mucho en lo laboral y en lo personal, atento a que tiene familia y una vida social que se encuentra ensuciada sin sentido».