Guillermo Quiroga fue absuelto en causa por presunta administración fraudulenta
Ayer al mediodía se realizó la audiencia de cierre en el juicio oral contra el dirigente sindical de ATE, Guillermo Quiroga, en la que la jueza Ana Karina Breckle leyó a las partes la sentencia en la que absolvió al dirigente de ATE por hechos de presunta administración fraudulenta, sucedidos entre noviembre de 2019 y mayo de 2023, en perjuicio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
por REDACCIÓN CHUBUT 11/11/2026 - 20.25.hs
La teoría de la fiscalía, encabezada por Lucas Papini, encuadraba la conducta de Quiroga en el delito de defraudación por administración fraudulenta, al considerar «acreditado» el perjuicio patrimonial superior a los $22.000.000, el desvío sistemático de fondos y el quebrantamiento de los deberes de fidelidad hacia los agremiados.
La acusación afirmaba que los fondos desviados provenían de los aportes y cuotas sindicales de los afiliados del Estado Provincial y que el imputado había transferido de manera directa desde las cuentas institucionales de ATE, principalmente la del Banco del Chubut, la suma total de $22.765.769 hacia cuentas de su titularidad en distintas entidades financieras.
En su sentencia, la jueza dijo que esto no pudo ser probado y que la teoría del caso fue «sesgada» por parte del Ministerio Público Fiscal, que además no tuvo en cuenta la respuesta oficial del gremio de que nunca hubo perjuicio a su patrimonio.
Por esta vía, la jueza cuestionó «la falta de objetividad del Ministerio Público Fiscal» porque «quien representa a la víctima del delito, al sujeto pasivo de este, eligió desconocerlo y optó por quedarse con una víctima más cómoda a sus intereses en el presente proceso».
Coincidió con el abogado defensor de Quiroga, Oscar Romero, al entender que como la Asociación de Trabajadores del Estado no reconoce delito alguno cometido contra su patrimonio «no hay víctima y por ende no hay delito e invoca que procede sin más la absolución por inexistencia de delito».
En el fallo, la jueza Breckle expresó que ante los cuestionamientos de la fiscalía por la falta de acreditación de parte de Quiroga sobre el destino de los fondos, que la carga de la prueba es a la inversa: «el fiscal sabe bien que Quiroga no debe acreditar nada, constitucionalmente tiene el derecho de no hacerlo» y que en todo caso sólo debe hacerlo ante los trabajadores afiliados que se lo requieran o ante el Consejo Directivo Nacional.
«Quien debió determinar y probar que Quiroga no utilizó ese dinero para ATE y lo usó para fines personales es el Fiscal o en su caso alguno de los acusadores. Esa función es exclusiva del acusador cuando decide llevar a una persona imputada por un delito a un debate oral y público», indicó la magistrada.
Además, cuestionó el direccionamiento de la pericia contable presentada por los acusadores sobre el movimiento de las cuentas de Quiroga, que «no buscaban objetivamente saber la verdad, sino que se observan sesgados en la búsqueda de una conclusión que en definitiva pusiera algún número a una presunta defraudación».