Avanza el proyecto para que el sector pesquero afronte los costos del dragado del Puerto Rawson

Tal como había sido anunciado por el mandatario provincial en agosto del año pasado, el esquema prevé que el costo total del dragado, estimado en alrededor de 7 mil millones de pesos, sea afrontado por los propios beneficiarios de la obra. El monto a recaudar se distribuirá de manera proporcional, en función de la cantidad de cajones autorizados para cada buque, de modo que cada permisionario pague de acuerdo con su escala operativa.
Desde el Ejecutivo se explicó que, una vez sancionada la ley, se pondrá en marcha un mecanismo de financiamiento público que permita ejecutar trabajos considerados fundamentales para la normal operatoria de la flota pesquera. En ese marco, Torres destacaba que el dragado significará «un salto de calidad en la operatoria» del sector, al tratarse de una intervención largamente postergada: la última obra de estas características se realizó hace más de dos décadas y en 2023 debió suspenderse una nueva intervención por la falta de estudios de impacto ambiental por parte de la empresa contratista.
El proyecto contempla la creación de la tasa con un tope automático que impide que el total recaudado supere el costo real de la obra. Además, se prevé la apertura de una cuenta especial con afectación específica, lo que implica que los fondos no podrán destinarse a otros fines, y la publicación periódica de los ingresos y egresos vinculados al dragado.
Entre los puntos centrales de la iniciativa, se establece que la tasa no podrá ser descontada, ni directa ni indirectamente, del salario de los tripulantes, aun cuando se encuentren contratados, preservando así la intangibilidad de las remuneraciones. Asimismo, el texto fija que el incumplimiento en el pago podría derivar en la imposibilidad de renovar los permisos de pesca.
Al fundamentar el proyecto, el Gobierno provincial remarcó que existen «razones de equidad y responsabilidad fiscal» para que el financiamiento sea asumido por quienes utilizan y se benefician directamente del canal de acceso. En ese sentido, se sostuvo que, en el actual contexto económico, no resulta razonable que el erario público afronte de manera exclusiva el costo de una obra que impacta de forma directa en un sector productivo específico.