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El Superior Tribunal dejó firme la sentencia contra Torres Otarola

Tal como lo adelantó EL CHUBUT en su edición de ayer, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut resolvió rechazar los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas en la causa seguida contra Cecilia Torres Otarola y otros imputados, y confirmó la sentencia dictada por la Cámara en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Trelew el 12 de junio de 2025.
 

por REDACCIÓN CHUBUT 29/05/2026 - 20.28.hs

La investigación y el juicio estuvieron a cargo del fiscal general Omar Rodríguez, hoy titular de la Fiscalía de Trelew. El fallo lleva la firma de por los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Alberto Napolitani, Silvia Alejandra Bustos, Javier Gastón Raidan, Camila Lucía Banfi Saavedra y Mario Luis Vivas, junto con el juez de Cámara Martín Roberto Montenovo.
Las impugnaciones extraordinarias habían sido presentadas por la Dra. Florencia Ana Aida Barba, defensora particular de Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Angel Reto Trelles, y por el Dr. Romano Cominetti, defensor particular de Cecilia Torres Otarola. El tribunal las declaró improcedentes con costas.

 

LOS HECHOS
La causa, conocida como «Ñoquis Calientes», investigó a Torres Otarola, exministra de Desarrollo Humano y Familia de la provincia, por dos tipos de conductas delictivas cometidas durante su desempeño como diputada provincial y luego como funcionaria.
En primer término, siendo diputada, exigió a sus asesores legislativos la entrega de aproximadamente el 50% de sus sueldos. Los fondos eran canalizados a través de Silvana Cañumil y transferidos a cuentas de Torres Otarola. El STJ confirmó que esa conducta quedó encuadrada en el delito de concusión, por cuanto la solicitud fue abusiva y unilateral, derivada del cargo que ocupaba.

 

fraude
En segundo término, durante su gestión como ministra, designó a Mara Lorena Rodera como Directora General y a Facundo Solari Rodera y Miguel Angel Reto Trelles como directores, todos con domicilio en Buenos Aires, pese a que ninguno cumplió funciones desde el primer día. El STJ confirmó que esas designaciones constituyeron fraude a la administración pública, ya que se invocó idoneidad ficticia para incorporar al sistema de haberes provincial a personas que no realizarían tarea alguna.
La pena impuesta a Torres Otarola por la Cámara de dos años y ocho meses de prisión en suspenso, inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública y costas, quedó firme. Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Angel Reto Trelles mantienen la condena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

 

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