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El IPV intensifica la regularización de viviendas: Detectan abandono, deudas y permutas no autorizadas

El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) emitió una serie de resoluciones que dejaron sin efecto adjudicaciones y comodatos en diversas localidades tras detectar graves irregularidades en su ocupación.
 

por REDACCIÓN CHUBUT 29/05/2026 - 20.33.hs

Uno de los casos más destacados ocurrió en la localidad de Gan Gan, donde el organismo resolvió dejar sin efecto la locación de una vivienda de dos dormitorios en el Barrio «10 Viviendas Alborada», la cual había sido otorgada a la Policía de la Provincia. La medida se tomó luego de que la Comuna Rural informara que la unidad se encontraba deshabitada y abandonada desde hace varios años. Además, se constató el incumplimiento en el pago de las cuotas de amortización, impuestos municipales y servicios básicos. Tras la recuperación del inmueble, el Ministerio de la Defensa Pública solicitó que el lugar sea reacondicionado para que funcione allí un Centro de Atención de Defensa Pública.

 

PERMUTAS IRREGULARES
En la zona del Valle, el IPVyDU detectó un intercambio informal de viviendas no autorizado entre particulares. Según la investigación administrativa, el adjudicatario del Barrio «432 Viviendas» en Rawson y la adjudicataria del Barrio «32 Viviendas» en Playa Unión realizaron una permuta privada de sus unidades en el año 2010.
Tras relevamientos realizados entre 2021 y 2024, se confirmó que ninguno de los titulares residía en la vivienda asignada originalmente. Debido a que la normativa exige que las casas sean habitadas exclusivamente por el titular y su grupo familiar declarado, el organismo decretó la caducidad de ambos beneficios por falta de ocupación efectiva de los titulares.

 

REGULARIZACION EN TREVELIN
Por último, en Trevelin, el Instituto procedió a regularizar el estado de una vivienda de cuatro dormitorios en el Barrio «43 Viviendas». En este caso, se declaró la caducidad de un comodato otorgado en 1990 debido al fallecimiento de los beneficiarios, lo que obliga a la provincia a recuperar la unidad para su correcta reasignación.
 

 

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