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Servicios Públicos Trelew: Pasó la oportunidad

Por Miguel Gauna Lavayen - [email protected]

por REDACCIÓN CHUBUT 20/06/2026 - 23.01.hs

El gobernador de Chubut anunciaba el pedido de intervención judicial de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew, afirmando que la medida «es una oportunidad para mostrar, después de muchísimo tiempo, que las cosas se pueden hacer bien, y para que, quienes hicieron las cosas mal, paguen las consecuencias, como corresponde». 

 

«Hoy el problema de los servicios públicos es de todos los chubutenses. Lo más grave es que los socios y contribuyentes no sabemos cómo se administran esos recursos, porque no se presentan los balances o no hay transparencia en la administración del organismo», continuaba expresando el mandatario, ampliando a continuación estas manifestaciones señalando: «El problema no es el sistema cooperativista, porque así como se puede administrar bien o mal una cooperativa, también se puede administrar bien o mal una fundación, o cualquier otro organismo», y aclaraba que «de hecho, hay cooperativas que están bien administradas, pero otras están atravesadas por lo peor de la mala política y por los peores vicios donde se atrincheran militantes y donde las entidades se utilizan para financiar la política y se roban la plata de los contribuyentes, sin cumplir con la transparencia que deberían tener esas instituciones para demostrar cómo se ejecutan los recursos». Remarcando finalmente: «Van a pagar las consecuencias».

 

Seguimos desde esta columna todo el proceso desde que el juez designara al primer interventor hasta el presente, haciendo siempre hincapié en la necesidad de rescatar principalmente, la prestación eficiente de los servicios públicos, destacando su esencial importancia, separando en el análisis, la gestión de la cooperativa, porque la responsabilidad de los servicios por ley es, y será, una obligación ineludible del estado municipal y provincial.

 

Delegar la prestación, concesionando los servicios, no transfiere esa responsabilidad, lo dice la ley, ratificada por fallos judiciales que, cada tanto recuerdan esta circunstancia, recordándole al estado su lugar, su rol, que no puede abandonar, ya que hay inclusive, normas de carácter internacional, que lo comprometen a dar la garantía de cumplimiento en accesibilidad a los servicios, con calidad, continuidad, universalidad y respetando los derechos humanos.

 

La privatización, desestatización y en algunos casos desnacionalización de empresas de servicios públicos de la década del 90 creó cierta «bruma» como ha dicho algún autor, en torno a estas responsabilidades, formando una tendencia de que el Estado solo debe regular y controlar. Las leyes de marcos regulatorios y los nuevos contratos acentuaron esta tendencia que incluyó a las cooperativas también, como empresas distribuidoras privadas fundadas anteriormente a todo este proceso. 

 

Las cooperativas de Chubut siempre han operado entre márgenes flexibles, dudosos, desde que la política es, desde hace muchos años, la que opera sin disimulos en la gestión de las entidades, usando como he dicho todas las herramientas disponibles, mañas y vicios que usan los recovecos de la democracia imperfecta de las elecciones, y la democracia indirecta tan nefasta para estas entidades que administran los servicios, sobre las que no vale la pena ya, extenderse. 

 

La intervención fue una gran oportunidad, sin dudas, y los objetivos eran ciertamente, lo que se esperaba que hiciera la justicia, para lograr un ordenamiento administrativo, financiero e institucional. En cambio, una de las primeras frases de ostentación del interventor fue el augurio de lo que sería su desempeño. «Vamos a poner los patitos en fila para que el vecino tenga un servicio de calidad», expresó. Luego vino la historia conocida y han pasado veinte meses para comprobar, qué poco ejecutó la intervención y los interventores, a pesar de haber reemplazado totalmente a los órganos de gobierno y administración de la cooperativa contando, además, con el respaldo del juez que tomó la decisión. Toda una decepción. 

 

A estas horas, debería ser público y conocido el famoso cronograma electoral después de idas y venidas, descontando que el registro de asociados -padrón- está regularizado, y tiene actualizados y sumados los aportes suscritos e integrados de cada asociado, como corresponde antes de la convocatoria, porque los plazos para llamar a elección de delgados, y luego, convocar a Asamblea General, están fuera de los términos de la ley y los estatutos de la entidad, al menos, respecto a las declaraciones de Alfonsín, que aseguro que el día 31 de julio debían estar en funciones las nuevas autoridades de la cooperativa. Otra que no le sale bien. 

 

En todo ésto, la municipalidad de Trelew defeccionó, no puede evadir su responsabilidad, entre pedidos de aumentos, reuniones y cambios de frente y opinión, no parece haber un rumbo fijo, una plan claro que encamine y rescate o no, de una vez, a la cooperativa por un lado, pero fundamentalmente que preserve los servicios públicos, porque debemos remarcar una vez más que, para salvar la entidad, hay solo dos alternativas, pero para continuar los servicios hay algunas más, que no pasan por convocar ahora, de repente, a fuerzas vivas o buscar acuerdos circunstanciales. Los servicios son primordialmente materia técnica y política de largo plazo, obligación ineludible del estado y responsabilidad social de los que representan a toda la comunidad.

 

Hay que cerrar este proceso, fue una oportunidad que pasó, desaprovechada en varios aspectos, institucional, financiera y económicamente, malversada por la intervención y la inexplicable actuación de la justicia que ya no vale la pena analizar, hay que aceptarlo con nobleza y responsabilidad, buscar un acuerdo en el poder político que le corresponde decidir legítimamente todo, sobre la concesión de los servicios públicos. 

 

Este torpe y gastado tironeo de la cooperativa sí o no, debe resolverse, para poder ver y avanzar, más allá de este periodo intervencionista que tuvo una oportunidad y la malgastó. La realidad, refuta al gobernador, no demostraron nada, no hicieron las cosas bien y nadie ha pagado las consecuencias. 
 

 

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