Formalizan la apertura de la investigación contra 5 imputados tras los disturbios en protesta en Comodoro
La Justicia dio por abierta la investigación contra cinco manifestantes acusados por los incidentes ocurridos este martes, durante una protesta efectuada por un sector de ATE en la sede de Supervisión de Escuelas de Comodoro Rivadavia. Los imputados fueron liberados, pero deberán cumplir una prohibición de acercamiento al edificio mientras avanza la causa.
por REDACCIÓN CHUBUT 03/06/2026 - 11.28.hs
Pasadas las 20.30 de ayer martes se concretó en el Juzgado Penal del barrio Roca de Comodoro Rivadavia la audiencia de control y apertura de la investigación en relación al hecho acontecido en Supervisión de Escuelas, en km. 3, que tiene como coimputados a Evangelina Arbe, Verónica Rosales, Lorena Rosales, José Parra y Eduardo Echeveste.
El fiscal solicitó se declare legal su detención y se les formalice el hecho en su contra bajo la calificación provisoria de “atentado contra la autoridad doblemente agravado y lesiones”. Por su parte, la defensa se opuso a la formalización y objetó la calificación legal imputada.
En un primer momento, el fiscal Ariel Corredera se refirió brevemente al hecho a investigar cuando el martes 2 de junio del presente año, siendo aproximadamente las 10.00 hs, un grupo compuesto por unas 70 personas, integrantes del gremio ATE, entre ellos Verónica Rosales, secretaria general del mismo y Eduardo Echeveste e integrado por Evangelina Arbe, Lorena Rosales y José Parra se hicieron presentes en sede de Supervisión de Escuelas, de km. 3, efectuando una manifestación en la parte exterior del edificio vinculada a reclamos salariales y paritarias.
Siendo aproximadamente las 11.15, las personas denunciadas, comenzaron a intentar ingresar forzosamente al edificio, desplazando las vallas de seguridad allí colocadas, siendo ello impedido por personal de custodia del lugar.
No obstante, los antes nombrados comenzaron a patear la puerta de ingreso "provocando su destrucción total y a romper vidrios con palos y piedras que arrojaban desde afuera. Empujando a personal policial y arrojando golpes de puño y objetos contra los actuantes, logrando acceder finalmente a la planta baja del edificio donde provocaron también la rotura de una puerta que conecta con la escalera.
Finalmente, personal policial actuante provocó la aprehensión de las personas antes mencionadas. Como consecuencia de los hechos, cuatro efectivos policiales presentaron, prima facie, lesiones leves. Calificando provisoriamente el mismo como “atentado contra la autoridad doblemente agravado por ser cometido por más de tres personas y por haber puesto manos en la autoridad, en concurso ideal con lesiones leves” en calidad de “coautores” para los 5 imputados. El fiscal Corredera solicitó medidas sustitutivas para los 5 coimputados, de prohibición de acercarse al edificio de Supervisión en km. 3, por el tiempo que dure la investigación.
La defensa particular de los detenidos, ejercida por Alicia Dramesino, sostuvo que “el plexo probatorio no alcanza para sostener la calificación solicitada”, la fiscalía “no fue clara respecto de qué acción se atribuye a cada uno de los imputados”. “No es la primera vez que ante un reclamo de un gremio resulte gente lesionada, se rompen cosas, no fue un acto configurativo de un delito, sino que fue una consecuencia de una manifestación, que ante la presencia policial generalmente en estos casos tiende a reprimir a los manifestantes”. Objetando la calificación y los hechos, “solicitando no se haga lugar a la formalización”, manifestó.
Para concluir el juez penal Alejandro Soñis resolvió autorizar la apertura de la investigación preparatoria del caso, dando por anoticiados a los 5 imputados del hecho y la calificación legal que se investiga en su contra y por asegurada su defensa técnica. Coincidiendo en que “el derecho a manifestarse es constitucional y legítimo, pero lo que no se puede naturalizar es que haya violencia o daños en este tipo de reclamos, ni por parte de los que piden, ni por parte de los que deben cuidar”.
Asimismo, el juez otorgó a la fiscalía el plazo de 6 meses para culminar con la investigación, declarando legal la detención de los 5 imputados y disponiendo su libertad. Dictando para finalizar la prohibición de acercamiento al edificio de Supervisión de los imputados.
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