Elecciones de Cooperativas: Legalidad y legitimidad

Las elecciones de las cooperativas a las que hemos dedicado bastante espacio de análisis están en el centro de esta discusión y, desde hace muchos años, cargan con una precaria legalidad, tanto como con la total falta de legitimidad.
La legalidad cuestionada tiene origen en una ley que se quedó en el tiempo, viejas normas, estatutos vetustos, reglamentos de elecciones que se acomodan a la parcialidad oficialista y por supuesto, la falta de control de los organismos pertinentes que no se toman el trabajo de revisar la documentación, fiscalizar los procesos desde antes de las convocatorias, comprobar los tiempos y plazos y otros detalles que, dentro del intrincado sistema electoral de las cooperativas, con divisiones en distritos y otros requisitos subjetivos y objetivos, las convierten en una maratón con obstáculos.
Ni en las sociedades comerciales y otras organizaciones jurídicas civiles, se exigen ciertas obligaciones para votar, empezando por la meneada condición del «libre deuda» que, se sabe perfectamente, en las cooperativas, es uno de los requisitos que se impone malogrando la participación y abren la puerta a manejos discrecionales, pago precipitado de facturas a cambio del voto y así, se generan complicidades que crean otras deudas, nuevos compromisos de devolución de favores y apoyos interesados. Estas inveteradas costumbres, son la peor parte del folklore cooperativista, que nada tiene que ver con mejorar los servicios públicos, por los que todos dicen estar compitiendo.
Después de las campañas con poco contenido de propuestas, sin debates, quedan siempre en el camino, enfrentamientos entre vecinos y asociados, quedan también las graves sospechas sobre el proceso, la transparencia, inclusive, dudas fundadas sobre la verdadera voluntad para que participen la mayor cantidad de votantes, que es fundamental para alcanzar lo más importante, sobre todo hacia el futuro, que es la legitimidad.
Un par de firmas, la posterior asunción de nuevas autoridades y la probable aceptación de toda la documentación en los órganos de fiscalización y control, le dan a la lista ganadora la legalidad precaria y suficiente, pero, para encarar la efectiva gestión y tomar ciertas decisiones, tener clara legitimidad es imprescindible.
Podríamos hacer una reducción dialéctica y decir que la legalidad, la da el trámite en este marco normativo, pero la legitimidad es el respaldo de la mayoría con reconocimiento y voluntad de acompañar, aceptando los cambios y probables ajustes, apoyándolos por justos. Por tanto, se trata de algo mucho más amplio y trascendental, que cuando falta, surgen los problemas que estamos acostumbrados a ver y padecer.
La legitimidad inicial podría darla una elección, pero únicamente, en total libertad, distrito único, con una gran participación, no con estas magras y controvertidas elecciones de Trelew, por ejemplo, donde la lista ganadora no alcanzó ni el 10 % del padrón de asociados, tampoco en el marco que le dio la intervención, en medio de acusaciones que, en algunos casos, fueron por evidentes e intencionadas decisiones para achicar, desalentar y perjudicar.
La legitimidad necesaria y de largo plazo se alcanzará con mucho trabajo, conocimiento de los servicios, justas decisiones, buena gestión, cumpliendo promesas, convocando, acordando y con resultados.
Las cooperativas arrastran viejas deudas financieras y viejas deudas sociales, formales y de reformas, de recomposición en la conducción, en tanto, los asociados exigen austeridad, conducción profesional y responsable, el vecino quiere saber que paso con el patrimonio, que hicieron con la cooperativa -dentro y fuera- para llegar al estado en que se encuentra. El usuario quiere buenos servicios con tarifas razonables.
En Trelew, la demanda por los temas de la cooperativa es muy alta, y no sería conducente que el poder concedente relajadamente crea que, con la elección y el final de la deplorable intervención, se acaban los problemas, porque verdaderamente, acaban de empezar otros con esta falta de legitimación y los pendientes que hay en todas las áreas de la entidad.
Después del trámite, firmas y el alejamiento del interventor, se abre un periodo de mínimo margen de maniobra para el poder político y de casi nada de margen para el nuevo consejo de administración. El contexto y demanda social, por un lado, y por otro, la contabilidad y los números de la extrema situación financiera, así lo demuestran.
Todo esto, como consecuencia de lo que ya advertimos desde esta columna, cuando afirmamos que la intervención fue una oportunidad perdida, y no habrá otra. Los que, sin ningún escrúpulo, formaron parte de los procesos de intervención y veedurías de las cooperativas en Chubut, profundizaron los problemas y no abordaron, para solucionar, para corregir, ninguna de las variables principales que tornan ineficientes y deficitarias a las prestadoras de servicios públicos.
Tampoco abordaron e intentaron solucionar, como dijimos, problemas de corte social, estatutarios y de reglamentos que eran más simples. Tuvieron tiempo, estaban bien remunerados, tenían asesores, contaban en principio con apoyo para hacer prácticamente lo que quisieran legalmente, porque las intervenciones decretadas, asumieron con el desplazamiento total de los órganos de administración y fiscalización, sin la obligación de hacer asambleas de ningún tipo, con la disponibilidad de todo el patrimonio y la caja de las entidades. Dejan un oscuro panorama porque ahora, hay escaso margen para poder concretar cosas que no se hicieron oportunamente y tampoco, hay paciencia suficiente.
El poder concedente, cada municipio, sigue siendo el responsable directo y exclusivo de la situación. Esto desde el día uno, hay que subrayarlo, remarcarlo duramente, en Trelew especialmente, ya que ni la elección y ninguna otra circunstancia, en torno a la cooperativa, cambia las obligaciones o delega responsabilidades de la Municipalidad, con los servicios públicos esenciales que son, y serán por ley, su competencia directa.
Cada decisión de los nuevos administradores, no la exime de tener que responder frente a todos los vecinos que, con estoicismo y sacrificio sostienen, con cada pago, la marcha de los servicios y pagan, con cada vencimiento, todas las consecuencias de estos procesos.