El ministro Iturrioz dijo que se analiza construir un centro de máxima seguridad ante la falta de plazas en las cárceles

El sistema penitenciario de Chubut atraviesa una situación de sobreocupación que llevó al Gobierno provincial a analizar nuevas alternativas para ampliar la capacidad de alojamiento. Según informó el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, actualmente hay alrededor de 800 personas detenidas frente a una capacidad estimada de 760 plazas.

En este contexto, el Gobierno trabaja en la recuperación de espacios que habían quedado fuera de servicio y en distintas obras y refacciones en comisarías, con el objetivo inmediato de incorporar entre 50 y 60 nuevos lugares.

Iturrioz explicó que algunos espacios que fueron recuperados volvieron a ocuparse rápidamente, por lo que consideró necesario avanzar con una ampliación de mayor alcance.

A esta situación se suma la incorporación de nuevas herramientas de prevención e investigación, principalmente mediante sistemas de cámaras de seguridad. El funcionario sostuvo que el incremento de la evidencia disponible podría derivar en una mayor cantidad de detenciones.

«Sabemos que con la implementación del sistema de cámaras los detenidos van a ser más. Esperemos que sean más», expresó Iturrioz, según consignó Canal 12 Web.

UN ESTABLECIMIENTO PARA INTERNOS DE MAYOR PELIGROSIDAD

Ante la falta de espacio, el Gobierno provincial analiza además una alternativa de mayor alcance: la construcción de un centro de detención destinado específicamente a personas consideradas de mayor peligrosidad.

De acuerdo con lo señalado por Iturrioz, se estudia la posibilidad de utilizar parte de los fondos provenientes del bono para financiar una obra de estas características. La intención sería avanzar hacia una clasificación de los internos de acuerdo con sus perfiles y niveles de peligrosidad.

«Estamos viendo la posibilidad de que dentro del bono poder hacer un centro de atención para los delincuentes más peligrosos, poder separarlos por perfil», afirmó el ministro.

La propuesta apunta a evitar que personas con distintos niveles de peligrosidad permanezcan alojadas en los mismos espacios y permitir un esquema de mayor control dentro del sistema penitenciario provincial.

TAMBIEN BUSCAN SEPARAR PROCESADOS Y CONDENADOS

Otro de los puntos planteados por el ministro está relacionado con la situación procesal de las personas privadas de la libertad.

Iturrioz señaló que, al inicio de la actual gestión, cerca del 70% de los detenidos eran personas procesadas. Según indicó, actualmente ese porcentaje se redujo a alrededor del 30%.

En ese sentido, planteó la necesidad de profundizar la separación entre quienes cumplen prisión preventiva y quienes ya cuentan con una condena firme, evitando que ambos grupos compartan los mismos espacios de alojamiento.

EL ANTECEDENTE DE LAS UNIDADES FEDERALES

Durante sus declaraciones, el ministro también hizo referencia a las unidades penitenciarias federales ubicadas en Chubut, particularmente las unidades 14 de Esquel y 6 de Rawson.

Iturrioz recordó que en su momento existió la posibilidad de disponer de la infraestructura de la Unidad 14, en el marco de un proyecto que contemplaba la venta de inmuebles y el traslado de establecimientos penitenciarios. Sin embargo, esa iniciativa finalmente no avanzó y las unidades no fueron vendidas.

La posibilidad de contar con infraestructura penitenciaria ya construida continúa siendo considerada de interés por la Provincia, frente a la necesidad de ampliar la capacidad del sistema.

Iturrioz también puso el foco en los riesgos vinculados con determinados internos que pueden ejercer liderazgo o influencia sobre otros presos y generar situaciones de connivencia dentro de los establecimientos.

En ese marco, planteó la necesidad de contar con sectores de máxima seguridad, personal especialmente capacitado y controles más estrictos sobre los agentes penitenciarios.

El funcionario consideró además importante establecer mecanismos de control sobre la conducta y situación económica del personal encargado de la custodia, junto con una remuneración acorde con las responsabilidades que implica trabajar con internos considerados de alto riesgo.

La falta de plazas se convirtió así en uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el sistema de detención provincial, mientras el Gobierno evalúa medidas de corto plazo para ampliar la capacidad y, al mismo tiempo, analiza una obra de mayor envergadura destinada a los internos de mayor peligrosidad.