Cooperativa de servicios públicos, entre el descontrol y la ilegalidad

«Un total de 1.116 cooperativas de todo el país perdieron la autorización para funcionar tras la publicación de la Resolución 1556/2026 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). La medida alcanza a entidades que permanecían suspendidas por no presentar balances, actas de asamblea y documentación obligatoria exigida por la Ley de Cooperativas 20.337.

La decisión forma parte del proceso de regularización administrativa iniciado a fines de 2024 con la Resolución 3208/2024, que había dispuesto la suspensión de miles de cooperativas por incumplimientos documentales correspondientes al período 2017-2024. Tras la sustanciación de sumarios y la verificación de que muchas entidades no regularizaron su situación, el organismo aplicó la sanción máxima prevista: el retiro de la autorización para funcionar.» (Comercio y Justicia)

En los Anexo I y II de dicha resolución, se publican las entidades que quedaron comprendidas en el artículo 1ø, recibiendo el máximo castigo, quedando suspendidas en su autorización para funcionar hasta tanto no cumplan con tales normas. Figuran en estos listados varias entidades de Chubut, principalmente cooperativas de trabajo, algunas mutuales y otras entidades con variados objetos sociales.

Esta Resolución en su artículo 2º excluyó del castigo máximo, por otras razones, a las cooperativas de servicios públicos, informadas en el Anexo III y IV. Allí, encontramos las cooperativas de Lago Blanco, Buen Pasto, Gan Gan, Telsen, Corcovado, Senguer, Gastre, Gualjaina, Cushamen y Aldea Epulef, además de una poco conocida cooperativa de Agua.

Acá inmediatamente, llaman la atención dos cosas. La primera es evidente, se trata de cooperativas denominadas «del interior» en su totalidad. La segunda, es que todas generan con sistemas aislados y dependen en gran medida de la estructura, fondos y gestiones del gobierno provincial.

Consecuentemente, debemos preguntarnos como han funcionado y funcionan, quien, y como las controlan, cuantos balances y asambleas sin tratarlos tienen atrasados, los mandatos están vigentes o hace tiempo vencieron y así, podemos seguir con preguntas que son inquietantes porque no se trata únicamente de cosas de pueblo, parte de la estructura provincial de servicios públicos, funciona en base a una ley, denominada en la jerga del servicio eléctrico, «Fondo de Compensación tarifaria» que obliga a recaudar mensualmente, el aporte de cada usuario de las cooperativas denominadas grandes, para luego distribuirlo proporcionalmente en estas usinas del interior.

Haciendo estas investigaciones, hace pocos días, un vecino de Corcovado nos envía una convocatoria recién publicada, llamando a Asamblea para considerar los balances desde el año 2011 al año 2025, quince años. Asimismo, el orden del día dice que se deberá evaluar la gestión de los consejos de administración y sindico de esos ejercicios. Insólito. Veremos que dice posteriormente el Acta de la reunión. 

Así transcurren estos primeros días de primavera, así también, hay cooperativas grandes que no tienen sus balances ordenados y como el caso de Trelew, con ejercicios económicos sin considerar que ahora, no está claro, que prioridad tienen para la nueva conducción que ha decidido que otros terceros, revisen balances auditados y certificados, para nuevos estudios y opiniones, desconociendo la ley nacional Nro 20488 y las resoluciones de la FACPCE, particularmente la Nro 575/2020.

Los nuevos consejeros parecería que toman decisiones solamente, con números brutos y la caja diaria, sin apreciar, que el paso del tiempo va imponiendo otra agenda y empiezan los vencimientos de sus propias promesas. Ya no están en campaña, no son tribuna ni panelistas, ahora tienen la pelota y el público que paga, quiere resultados. 

Esta nueva conducción asumió hace dos meses, la mínima y más importante información, que debería tener para sí misma y haber entregado públicamente para construir confianza, es el flujo de caja ejecutado con documentos de respaldo, de estos dos primeros meses y una proyección hasta fin de año, para dar una herramienta de control a los síndicos, sus asociados, usuarios y consumidores. 

Es imprescindible que todos los meses, los vecinos accionistas conozcan este informe de gestión financiera y control operativo, que sea público, además, para dar cumplimiento a la Ley Provincial I Nro 530: que incorporó a las cooperativas concesionarias de servicios públicos dentro de los alcances de la Ley I Nro 156, sobre libre acceso a las fuentes oficiales de información y publicidad de los actos de gobierno. 

Actualmente esta norma Obliga a todas las entidades prestatarias a transparentar y permitir el acceso público a la información referida a la gestión y administración de los servicios públicos concesionados. Las empresas cooperativas de servicios públicos en Chubut entonces, deben cumplir esta ley, y no solo en el caso de Trelew, todas tienen que demostrar que el cambio pregonado está en marcha y que puede ser controlado, contrastado, que la información y los números objetivamente prueben que, lo que se dice, se hace.

Cooperativas de servicios, de trabajo y cualquier otra, las mutuales también, chicas y grandes, asimismo, deben ser controladas eficientemente, permanentemente. Los municipios y el estado provincial, tiene la responsabilidad principal en esta tarea de control y fiscalización púbica. Que haya entidades con estas situaciones de descontrol institucional, cualquiera sea el tamaño y localidad, conlleva riesgos y demuestra contundentemente que muchas cosas no suceden porque si, por mala suerte o lo que sea, suceden porque alguien no está haciendo bien su trabajo y, lamentablemente los que pagan las consecuencias como se ve a diario, es la gente, los vecinos que, «a pesar de que todos dicen trabajar para protegerlo» -como señala un amigo-, están cada vez más desamparados.